La Contraloría General de la República tomó razón de una serie de decretos que facilitan medidas destinadas a combatir la catástrofe de los incendios forestales que se registran en diversas zonas del país.
Uno de ellos es el Decreto N°100 de 2017, de Hacienda, que contiene la autorización para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda eximir de impuestos por los pagos que correspondan a prestaciones de servicios efectuadas en Chile para atender directamente la catástrofe. En dicha situación se encuentra el avión SuperTanker, que ha combatido los incendios forestales en el país.
Otra medida cursada por la Contraloría es la transferencia de recursos a Bomberos de Chile por 8 mil millones de pesos para afrontar gastos de operaciones; y por 4 mil millones de pesos para gastos de inversión.
Previamente, también tomó razón de decretos que prorrogan el plazo para la presentación de declaraciones de impuestos de contribuyentes domiciliados en las zonas declaradas como de catástrofe.
Dicha facilidad incluye a las personas jurídicas y a las personas naturales; y considera los graves daños que han sufrido, tanto en sus actividades económicas relacionadas fundamentalmente con el rubro agrícola y ganadero, como también respecto de sus bienes personales, en especial viviendas.
Bomberos despedidos
Ante los casos de bomberos despedidos de sus trabajos por concurrir a apagar incendios, existen pronunciamientos de Contraloría que señalan que por aplicación de artículos del Código del Trabajo los funcionarios que se desempeñen como voluntarios del Cuerpo de Bomberos están facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral.
Este Dictamen indica, igualmente, que el tiempo que dichos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos, sin perjuicio de que el empleador pueda solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la acreditación de dicha labor.
Recientemente, se emitió también el Dictamen N° 3.000, de 2017, que indica que los municipios de zonas no afectadas por la catástrofe pueden enviar personal y equipos de emergencia a las zonas afectadas, en coordinación con Onemi y con la autoridad regional que esté a cargo de la zona afectada.
