En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, el actual Código de Aguas que data de 1981 y que se pretende corregir dando más facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) -entre ellas- para intervenir directamente frente a casos de robo de este elemento.
Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, valoró la aprobación de la moción que cursa ya segundo trámite en el Congreso y que podría someterse a revisión en una próxima sesión ordinaria.
Al respecto dijo que estas modificaciones son anheladas por quienes a diario denuncian el robo de sus aguas, por lo cual el instrumento sería una forma de detener este delito y da las posibilidad de que la DGA pueda ingresar a los predios ya sólo con permisos de la autoridad policial y no del intendente o gobernador, como hoy lo ordena la ley y que hace más lento el proceso de fiscalización.
En cuanto a lo despachado, la legisladora detalló que el texto que han consensuado amplía el ámbito de acción de la DGA en sus competencias relativas a la fiscalización y sanción.
Junto a lo expuesto, los cambios también consideran recoger información de los conflictos que tienen diversos usuarios en las cuencas, e igualmente los dueños de derechos de agua tendrán la obligación de informar a la DGA el agua que efectivamente utilizan.
