Claramente hay algo que no cuadra en la ley que diseñó la figura del Administrador Provisional y el deseo colectivo de todos los sectores por imprimir mayor calidad al sistema de educación superior.

Prueba de ello es la realidad que hoy enfrenta la Universidad Arcis, cuya crisis económica, laboral y académica, es a todas luces terminal. Sin embargo, las autoridades del ministerio de Educación y el propio Administrador Provisional, Patricio Velasco, insisten en que se puede hacer un último esfuerzo y captar 573 nuevos estudiantes de pregrado.

Pese a esto, para Patricio Velasco sigue siendo responsable llamar a inscribirse en un plantel sin acreditación, intervenido por el Estado y con una deuda que supera los 8 mil millones de pesos, en la medida que los estudiantes cuenten con toda la información y que tengan la posibilidad de matricularse en otra institución en caso de que se logre el número necesario de estudiantes.

Para el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, el origen de esta contradicción entre la continuidad de Arcis y calidad de la institución, radica en la propia ley del Administrador Provisional, la cual indicó fue mal pensada y en la práctica opera como un verdadero síndico de quiebra.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, es uno de los cree que el proyecto de U Arcis debe continuar, pero entiende que no es mucho más lo que se puede hacer debido a la precaria situación del plantel y emplazó al Gobierno a no sentarse a esperar.

Si bien se ha sostenido que con la venta de sus únicas dos sedes, Arcis taparía su hoyo financiero. Surge la pregunta de cómo se sostiene en el tiempo, como lo indicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio.

Con la extensión hasta marzo que concedió la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para revaluar el cierre de U Arcis, no hace más que prolongar la agonía del plantel y dar falsas esperanzas a sus estudiantes.