La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo y reconoció derecho a la libertad condicional al suboficial en retiro de Carabineros Armando Cabrera Aguilar, interno del penal de Punta Peuco.
En fallo dividido, la Séptima Sala del tribunal de alzada integrada por las ministras Pilar Aguayo, Viviana Toro y la abogada (i) Soledad Pascual concedieron el beneficio a Cabrera Aguilar quien se encuentra cumpliendo pena por el homicidio de Juan Alegría Mundaca, ocurrido en junio de 1983, crimen que ejecuto la CNI para intentar encubrir el asesinato del líder de la ANEF, Tucapel Jiménez.
De acuerdo a la sentencia, el condenado cumple con los requisitos a la libertad condicional “que, examinado los antecedentes del interno a la luz de los requerimientos contemplados en el artículo 3° del D.L. 321, solo cabe concluir que cumple con todos ellos y que es procedente que se le conceda el beneficio impetrado”.
A lo anterior, el fallo agrega que “se trata de antecedentes que demuestran que el condenado se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. No se divisa, entonces, por qué puede verse privado de demostrar que está preparado para su reinserción, si acreditó cumplir con las exigencias objetivas que la ley prevé”, dice el fallo.
La sentencia se adoptó con el voto en contra de la ministra Toro.
“Impunidad”
Las polémicas en torno a la libertad a los violadores de Derechos Humanos no ha dejado de manifestar su rechazo por estos beneficios a personas que vulneraron las vidas de ciudadanos.
En este sentido, el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, vio con preocupación cómo los tribunales de justicia están otorgando beneficios penitenciarios a condenados en graves casos de violaciones a los derechos humanos.
“Estimamos que estas resoluciones judiciales revisten especial gravedad pues resultan contrarias a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que tienen jerarquía constitucional por mandato del artículo 5º inciso segundo de la Constitución”, indicó Aguiló en un comunicado.
A lo anterior, el parlamentario cuestionó que al mismo tiempo estas decisiones debilitan el compromiso del Estado chileno con la defensa de los derechos humanos.
Por esta razón, el diputado llamó a que, en función del compromiso con los derechos humanos, que todas las instituciones del Estado deben observar, “no se acepte ninguna forma de impunidad para los responsables de su violación sistemática”.
