El máximo plazo de investigación que considera la actual legislación es decir 2 años, agotará la Fiscalía Oriente en el caso donde se indaga la ilegal forma que habría utilizado el holding Penta para evadir impuestos y para financiar la política en Chile.

Ello porque se solicitará por cuarta vez la extensión de la pesquisas, específicamente se pedirá ampliar la investigación en el Caso Penta hasta el próximo 4 de marzo de 2017.

Recordemos que fue justamente un 4 de marzo, pero del año 2015, cuando se formalizaron a los primeros diez involucrados, de forma presunta, en delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho.

La abogada Catherine Latrhop, quien represeta al testigo clave de la Fiscalia, el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, dijo que la indagatoria en cuanto a las garantías de los imputados son bastante amplia.

Detalló que se debe considerar que la investigación cumple 2 años el 4 de marzo de 2017, pero desde que fue formalizada, ya que en realidad las pesquisas se ordenaron antes de marzo de 2015, específicamente en agosto de 2014.

La solicitud para la extensión de plazo se ingresó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que ahora tiene que fijar fecha para la discusión.

Según la carpeta investigativa se considera que Penta habría financiado a la política por 300 millones de pesos, sólo en el caso de Laurence Golborne se estiman 120 millones de pesos. Respecto del total, Penta rectificó ante el SII cerca de 6 mil millones de pesos, monto que incluye evasión tributaria.

Recordemos que la investigación por el Caso Penta comenzó con el Caso FUT -un fraude tributario de 2 mil 700 millones de pesos- con más de 100 involucrados.

En base a los hallazgos en FUT el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, abrió por oficio el 30 de junio de 2014 la indagatoria por Caso Penta.

Gajardo, el 4 de marzo de 2014, alegó que desde el más alto ejecutivo al junior en Penta, todos, eran responsables de entregar boletas falsas, lo que calificó como una “cultura de evasión”.

En la causa ya fueron formalizadas 35 personas por delitos tributarios asociados al financiamiento ilegal de la política.

“El raspado de la olla”

En 2014 se conocieron correos que remecieron la política chilena como el enviado por el senador UDI Iván Moreira, en que pedía: “el raspado de la olla” al exgerente de Penta Hugo Bravo. Actualmente la defensa del parlamentario tiene que definir si aceptarán el procedimiento abreviado al que se mostró abierto el Ministerio Público (MP).

Bravo y sus ex empleadores controladores de Penta Carlos Délano y Carlos Lavín fueron formalizados el 4 de marzo de 2014 ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó la prisión preventiva para los empresarios y cuatro personas más.

En la ocasión se acogieran los argumentos del MP, que llegó hasta el Centro de Justicia con el propio Fiscal Nacional de entonces Sabas Chahuán, que asumió de forma inédita los casos de financiamiento ilegal de la política.

Ese 4 de marzo de 2014 en estrado el fiscal Gajardo puso incapié en la reiteración de los delitos desplegados por los imputados.