La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) arremetió contra la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y la calificó de “expropiación encubierta”.
Desde “inconstitucional” hasta “robo” han sido las palabras utilizadas por la SNA para referirse al proyecto que se encuentra en segundo trámite en el Senado.
Por los derechos de aprovechamiento que dejan de ser perpetuos y pasan a tener una caducidad de 30 años, el cambio de “propiedad” a “titularidad” de los derechos con posibilidad de renovación, el secretario general de la entidad, Juan Pablo Matte, emplazó al Ejecutivo a entregar “certezas jurídicas”.
El actual Código de Aguas rige desde 1981 teniendo como prioridad el fin productivo de recursos hídricos, a diferencia de lo que hoy señala el Ejecutivo, dado que el foco se pondría en el carácter público de éste.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, denunció una “campaña del terror” por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Consejo Minero.
Con el proyecto, se definirían tres prioridades para el agua: el uso de agua potable, la subsistencia y la protección de las fuentes para -posteriormente- dar paso a las actividades con fines del lucro.
Si bien, el presidente de la Asociación de Canaleros de Chile, Fernando Peralta, destacó aspectos de la iniciativa, planteó dudas respecto a la redacción sobre la perpetuidad de derechos ya concedidos.
Por ejemplo, la iniciativa le da la prerrogativa al Estado de establecer reservas hídricas frente a eventuales sequía pudiendo disminuir el caudal asignado a determinada titularidad. Sin embargo, agricultores en el sur del país -en especial- han manifestado reparos respecto a los avalúos por posibles caducidades e inversiones por riego.
