La Asociación de Magistrados de Chile reaccionó a los dichos del diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, quien calificó de indignante el rechazo de los jueces a la propuesta del Ejecutivo y del parlamento de dejar sin reajuste los salarios públicos sobre los 4 millones 400 mil pesos líquidos mensuales.

Según el parlamentario la declaración estaba al margen de la Constitución y evidenciaba una actitud en extremo individualista y antisolidaria. “Resulta particularmente indignante la falta de comprensión de dichos jueces sobre la realidad económica del país”, indicó, acusando ignorancia y falta de comprensión de la realidad, por lo que pidió al Gobierno “no enviar el veto exigido por los jueces, ellos no son una República Independiente”.

“Los jueces le restan atribución al Congreso Nacional para legislar sobre la totalidad de los funciones del Estado, atribuyéndose una calidad que ni la Constitución ni las leyes les otorgan. Resulta impactante que profesionales abogados, se supone estudiosos del derecho, pretendan señalar que la separación de poderes del Estado le impediría al Congreso Nacional legislar sobre las remuneraciones de todo el sector público, incluida la judicatura”, dijo.

Por último el diputado confirmó que tanto la bancada del Partido Comunista como de Izquierda Ciudadana, va a insistir al Ejecutivo bajar en un 30% los sueldos de los directivos más altos del Estado, como senadores, diputados, ministros, subsecretarios e integrantes de la Corte Suprema.

Los magistrados respondieron a estas acusaciones, tildándolas de “desafortunadas” y “erradas”.

“Como jueces, ejercemos (de manera individual, en cada caso que vemos) una parte de la soberanía estatal y precisamente por ello, hemos pedido que se analice la situación en la perspectiva correcta, que espero que usted pueda llegar a aprehender, pues necesitamos -precisamente- de los representantes del pueblo, para proteger, mediante las normas adecuadas, la independencia como un derecho ciudadano y como un arreglo institucional esencial”, indica a través de un comunicado el presidente de la asociación Alvaro Flores.

El dirigente señala que “los jueces no somos un movimiento social. Somos funcionarios del Estado, servidores públicos permanentes, altamente especializados y adscritos a una carrera”.

“No debiera ser difícil entender entonces la significación de nuestro llamado de atención y nuestro malestar, pero con cierta perplejidad advertimos que quienes debieran estar llamados a comprender y cautelar estos principios (autoridades públicas) se extravían, debilitando cimientos esenciales del sistema democrático”, agrega.

Asimismo aseguraron que se vieron obligados “a tener que llamar la atención sobre el gravísimo error que significa el congelamiento de nuestros salarios, por esta cuestión esencial y, no como usted señala, por desconsideración hacia conciudadanos más humildes que reciben salarios más bajos”. 

“Creo no equivocarme al afirmar que no hay ninguna potestad estatal soberana ejercida de manera más directa y de cara a nuestros compatriotas, pues la ejercemos sin intermediario, día a día, abrazada con vocación, por lo que postular que existe un distanciamiento de los problemas que aquejan a los más humildes -me parece- además de ser un juicio injusto, que prescinde del mínimo conocimiento que debe tenerse acerca de la relevante función pública que ejercemos en que estamos cara a cara resolviendo los conflictos de nuestros compatriotas, especialmente los más humildes“, subraya Flores.

Por último, además de llamarlo a dialogar, el magistrado sostiene que “Un juez independiente, con una institucionalidad que garantice esa independencia, es una garantía de la democracia. Esa independencia se garantiza de múltiples formas. Una de ellas (irreductibilidad del salario) está en los manuales de democracias que miramos como modelo. Y el problema de los manuales es que, suponiéndose sabidos, se olvidan”.