La presidenta de la asociación adelanta que están buscando apoyo para presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para llevar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Acusa que de los más de 11.000 empleados públicos que fueron despedidos durante la administración de Sebastián Piñera, la mayor parte fueron injustificados y en algunos casos se cometieron irregularidades. Además, cuenta que han intentado reunirse con la presidenta Bachelet, pero la mandataria no los ha recibido, por lo que no han recibido solución a sus problemas.
La Asociación de Exonerados Políticos Públicos por el gobierno de Sebastián Piñera está evaluando demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, junto con ello, presentar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así lo adelanta a Radio Bío Bío la presidenta de la asociación, Adriana Burgos. “El Estado nos ha humillado y nos ha tratado de forma injusta. Primero, durante el gobierno de Piñera despidieron a más de 11.000 trabajadores del sector público, en muchos casos de forma injustificada y en algunos casos de modo irregular. Luego, la administración de Michelle Bachelet no nos ha escuchado, ni considerado nuestros problemas”, afirma Burgos.
Cuenta que el 14 de diciembre de 2015 se encontraron con la presidenta en la calle y le comentaron sobre su problema, ante lo que la mandataria les dijo que le enviaran una petición formal para una audiencia y que los recibiría sin problemas. Por ello, a los dos días de este encuentro casual, solicitaron una reunión con Bachelet para hablar de la situación “precaria” en la que se encuentran.
Sin embargo, hasta el día de hoy no han sido recibidas por la presidenta y tampoco han tenido alguna respuesta de parte del gobierno, sostiene Burgos.
Si bien fueron más de 11.000 los funcionarios públicos que fueron desvinculados durante la administración de Piñera, la asociación de exonerados -creada el último trimestre del año pasado- está integrada por 63 personas.
En vista de que La Moneda no ha escuchado sus peticiones, durante el presente año se han reunido con varios parlamentarios para hacerles saber su complicada situación y pedirles que los ayuden a buscar una solución.
Entre otros, han sostenido encuentros con los senadores Antonio Horvath (independiente), Alejandro Navarro (MAS) y Alejandro Guillier (independiente), así como también con los diputados Ricardo Rincón (DC), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Guillermo Teillier (PC) y Fidel Espinoza (PS). Además de prometerles que harán gestiones para que se arreglen sus problemas, algunos parlamentarios incluso le han enviado oficios y cartas a la presidenta y a altos funcionarios del gobierno para que se hagan cargo.
También se han reunido con algunos funcionarios de gobierno para abordar el tema. En efecto, en agosto se juntaron con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, pero Burgos señala que la secretaria de Estados les dijo que no podía hacer mucho, pues la solución de este problema pasa por la facultad de la presidenta.
Injustificados e irregulares
Adriana Burgos relata que de los más de 11.000 funcionarios públicos despedidos por el gobierno de Piñera, primero fueron cerca de mil los que se agruparon para enfrentar su problemática. Sin embargo, tras algunos problemas que tuvieron con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), un grupo decidió generar la asociación que ella lidera.
De los 63 miembros que la componen actualmente, dice que varios poseen antecedentes que dan cuenta que sus despidos fueron injustificados. Da como ejemplo el caso de ella, que se desempeñaba como fiscalizadora en Dirección del Trabajo en la Región Metropolitana y fue exonerada en diciembre de 2010, y el de Luis Daza, quien trabajaba como profesional en la subsecretaría de Pesca y Acuicultura en Valparaíso y fue exonerado en diciembre de 2013.
Añade que en el caso de ambos, que eran funcionarios a contrata, estaban bien evaluados en su desempeño y no fueron sometidos a sumarios. Simplemente se les notificó -vía oral- con un mes de anticipación que ya no seguirían en sus cargos.
Sumado a lo anterior, asevera que hay dos casos de funcionarias que tenían la categoría de planta y que fueron desvinculadas sin mediar un sumario que respaldara esa decisión, como lo establece la ley. Una de ellas es Carmen Bravo Letelier, quien se desempeñaba como profesional de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dependiente del Ministerio del Interior, quien fue exonerada en diciembre de 2010.
El otro caso corresponde a Cristina Abarca Hurtado, quien ejercía como administrativa en la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y fue exonerada en octubre de 2012.
Burgos adelanta que este sábado van a realizar una conferencia de prensa en la que darán a conocer sus problemáticas y cuáles serán los pasos a seguir para lograr que el gobierno los escuche. El evento se realizará a las 10:00 horas en la Casa del Maestro, ubicada en Santiago Centro.
