Será el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago el que esta semana determinará, en su lectura de sentencia, este 19 de noviembre a partir de las 12 horas, si acoge las pretensiones de la Fiscalía Oriente y del Consejo de Defensa del Estado que solicitaron penas de cumplimiento efectivo en contra del general en retiro del Ejército Víctor Lizárraga.
Recordemos que el exuniformado fue condenado el pasado jueves -en un inédito veredicto- por el delito de soborno a funcionario público extranjero por el caso de corrupción en la compra de pertrechos para el Ejército de la arista Famae del caso Fragatas.
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En esta causa los fiscales de alta complejidad oriente Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos acreditaron que Lizárraga pagó 30 millones de pesos en presuntas coimas al agregado del Ministerio de defensa de la embajada de Corea, Jong Pak Lee.
El objetivo fue obtener un millonario contrato con la empresa coreana Hanwha, para proveer de insumos bélicos a la Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile Famae, a través de la empresa Serlog, propiedad de Guillermo Ibieta, sobreseído por muerte en esta causa donde se le indagó también por corrupción en la compra de dos fragatas holandesas para la Armada. Todo con el fin de obtener beneficios económicos de manera ilícita.
Las magistrados Nancy Alvarado, Mariela Jorquera y la presidenta de sala Katrina Chahín, establecieron que Pak Lee tenía el estatus de funcionario público extranjero a diferencia de lo señalado por la defensa en juicio que pretendía quitarle esta calidad, alegando la inexistencia del delito acusado por el Ministerio Público.
El tribunal dio por acreditado que se hicieron pagos al funcionario de forma indirecta, usando como intermediaria a Francesaca Botto -por servicios que nunca prestó a Serlog- entre junio de 2007 y mayo de 2008, mismo período en que Jong mantuvo una permanente asesoría con la empresa de Ibieta en relación a la negociación con Hanwha.
Las magistrados además razonaron que el bien jurídico protegido en este caso es el de “amparar el normal desarrollo de las relaciones comerciales internacionales y con ello la leal competencia en las mismas”.
Agregan que las acciones de Lizárraga, de pagar a Lee para que éste propiciara la venta del proyecto Miclic de Hawha al Ejército de Chile por medio de Serlog, afecta la citada lealtad desde el momento que le otorga un trato diferenciado respecto a otras empresas coreanas que vendían armas en nuestro país.
Tras acreditar los delitos ante los sentenciadores el Consejo de Defensa del Estado pidió siete años contra Lizárraga. El acusador Pablo Norambuena también requirió penas de cumplimiento efectivo ya que el exuniformado no tiene irreprochable conducta anterior tras la condena en su contra por el homicidio del coronel Gerardo Huber, hecho ocurrido en 1992.
El perseguidor valoró además que se acogieran como medio de prueba las escuchas telefónicas cuestionadas en juicio por la defensa que alegaba la violación de garantías constitucionales en la obtención de la prueba.
Recordemos que las interceptaciones telefónicas fueron validadas por la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se anuló el primer juicio contra el general en retiro. En la ocasión el fiscal Carlos Gajardo, quien reaizó las alegaciones, dijo que era un avance importante en la persecusión de delitos de corrupción el uso de este tipo de pruebas.
En esta causa, la defensa adelató -tras conocer el veredicto la semana pasada- que estudiarán si recurren a instancias judiciales superiores para que se anule este segundo juicio contra Lizárraga insistiendo en su inocencia.
Así lo explicó el abogado Patricio Vergara quien dijo que las penas efectivas de cárcel se consideraron en la segunda acusación de la fiscalía ya que en el primer juicio, que fue anulado, resultó absuelto.
