La Moneda fue el escenario que utilizó el senador PPD, Guido Girardi, para hacer presente al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet su molestia por no estar cumpliendo la palabra empeñada sobre la despenalización del aborto bajo tres causales.
Esto ocurrió al enterarse que el polémico proyecto, que causa divisiones al interior de la Democracia Cristiana, no forma parte de la agenda rotulada como prioritaria por parte del Ejecutivo, la que estará centrada en ocho puntos: educación, salud, economía, seguridad, Sename, pensiones, descentralización y nueva Constitución.
Frente a ese escenario, el legislador afirmó que existen compromisos asumidos y establecidos por Michelle Bachelet que debería cumplir.
Desclasificó que el 2014, cuando lideraba la comisión de Salud de la Cámara Alta, recibió un llamado telefónico de la propia mandataria en que le pidió bajar una moción parlamentaria de su autoría, ya que el Ejecutivo trabajaba en ese minuto en presentar un proyecto que ligaba los tres puntos en discusión.
Agregó que en dicha oportunidad el compromiso fue que el proyecto debía ser votado durante el 2017.
Revés que Girardi responsabiliza desde ya a los sectores más conservadores, sin mencionar por ejemplo algunas corrientes de la Democracia Cristiana, que -dijo- siempre se han opuesto a las agenda de educación sexual del Estado, por lo que llamó a La Moneda ha no doblegarse sobre el tema.
Fernández y las temáticas legislativas
El ministro del Interior, Mario Fernández, consultado sobre la polémica, pidió que se vean las cosas con tranquilidad. Explicó que todo es un tema matemático, al sostener que la cantidad de proyectos que están en el parlamento y el tiempo que dura su tramitación, realmente no dan para el tiempo que queda de gobierno. Por esto, dijo, la priorización de los proyectos será fruto de la conversación con los partidos.
Asimismo, reconoció que el escenario es complejo, pero a su vez prioritario. Dijo también que actualmente tienen una lista de 150 proyectos que quedan y el número anual de iniciativas aprobadas desde 1990 a la fecha por el Congreso no supera los 50, por lo cual -subrayó Fernández- existe la necesidad de acortar ese número.
