El Ministerio de Educación se allanó a los requerimientos del Consejo de Rectores y reconocerá legalmente, en el proyecto de Educación Superior, el rol público del Cruch. Además, incorporará vía indicaciones de tipo penal del lucro y, por medio de otra iniciativa legal, se eliminará el Crédito con Aval del Estado, dejando fuera a los bancos.
El próximo 11 de noviembre, en un pleno extraordinario, el Consejo de Rectores analizará en detalle el protocolo de rediseño al proyecto de Educación Superior, elaborado por el Mineduc y entregado como respuesta a las solicitudes hechas por el Cruch para mejorar la iniciativa.
En el documento, y como una forma de aplacar las críticas de las universidades privadas del Cruch -las denominadas G9-, el Ministerio de Educación se comprometió a reconocer por ley el carácter público de todo el Consejo. Paso político que fue valorado por el vicepresidente Ejecutivo del organismo, Aldo Valle.
En la práctica, el reconocimiento legal del Cruch significará restituir los recursos económicos que hoy reciben estos planteles por medio de aportes basales, como lo destacó el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.
Para el caso de las universidades regionales, se mantendrán los recursos que actualmente contempla la Ley de Presupuesto. Mientras que para los planteles estatales se mantiene el Convenio Marco y el Aporte Fiscal Directo.
Otro de los cambios que se verían reflejados en las indicaciones es la incorporación de tipo penal del lucro, dentro de las labores que deberá desarrollar la Superintendencia.
En cuanto al sistema de admisión, la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, indicó que este no estará en manos exclusivas de la futura subsecretaría y que será por medio de mesas de trabajo con las diversas instituciones, donde se definirán los nuevos instrumentos.
Respecto del Crédito con Aval del Estado, el Gobierno se compromete a enviar en 2017 un proyecto de ley para eliminarlo, sacar de la operación a los bancos y dejarlo en manos de una agencia estatal con facultades de cobro a través del sistema de impuestos.
Para el caso de las instituciones técnicas-profesionales, el proyecto contemplará un capítulo especial donde establecerá definiciones y las particularidades del sistema de admisión que los regirá.
