La presidenta Michelle Bachelet, acompañada por el ministro de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; de Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, promulgó una ley que permite que personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargos como juez o notario.
“Esto quiere decir que cualquier persona debe tener, igualmente, las opciones para ser parte del sistema de justicia, y aportar con su conocimiento, prudencia y criterio al ejercicio del derecho. Es por ello que hoy generamos una modificación legislativa que tendrá consecuencias trascendentes, porque abrirá los caminos para que las puertas de los Tribunales de Justicia no le sean vedadas a nadie”, señaló la mandataria.
La nueva ley deroga los numerales del artículo 256 del Código Orgánicos de Tribunales que establecía que no podían ser jueces las personas sordas, mudas y/o ciegas. Siguen imposibilitados de ser jueces, las personas interdictas por demencia o prodigalidad, condenados o acusados por crimen o simple delito, o quienes estén beneficiados por una suspensión condicional del procedimiento penal y quienes hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores.
“No sólo estamos promulgando una ley que perfecciona nuestro sistema jurídico y hace más inclusiva nuestra judicatura, sino que estamos haciendo un poco más justa y más equitativa nuestra patria”, dijo la jefa de estado.
Se deroga el numeral 2° del artículo 465 del mismo Código, que establecía que no pueden ser notarios los sordos, los ciegos y los mudos. Siguen imposibilitados de ser notarios: las personas interdictas por demencia o prodigalidad, procesados por crimen o simple delito, o inhabilitados para cargos públicos.
Asimismo, Bachelet aseguró que con esta legislación se están reconociendo, en condiciones de equidad, “las capacidades de miles de personas que, tras estudiar Derecho, hasta ahora no podían ejercer estos cargos, limitando así su carrera profesional y su vida laboral”.
“De manera que no estamos solamente modificando una norma técnica; estamos estableciendo un imperativo ético. Y estamos ratificando un principio importante: no admitiremos que haya barreras arbitrarias y prejuiciosas que impidan a buenos profesionales ejercer el servicio público. Y qué importante es que, al hablar de la justicia, seamos capaces de ser consecuentes como nación no sólo a quienes requieren de ella, sino a quienes la proveen”, añadió.
Y al finalizar sus palabras, la autoridad destacó los avances de país en este tipo de materias.
“Chile hoy se moderniza y se pone a la altura de las tareas que la sociedad y la administración de justicia, así como el imperio del derecho, requieren”, subrayó.
