En un documento entregado al 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal de delitos de alta complejidad, José Morales, explicó que en los allanamientos realizados a los domicilios de Rafael Garay indican que el economista y prófugo de la justicia había preparado su huida y no pretende “responder voluntariamente a la acción de la justicia”.

“Considerando que el imputado se encuentra actualmente en Rumania, país que ha señalado oficialmente que requiere una solicitud de extradición formal a efectos de detener al imputado (Rafael) Garay Pita, es que es urgente conocer el contenido de los otros productos bancarios que registra el imputado y su sociedad”, dice el escrito que tramita la investigación por contra el economista por los delitos de apropiación indebida de $1.700 millones y estafa a 36 personas, según consigna El Mercurio.

Argumentando lo anterior, el fiscal Morales solicitó al tribunal que se le conceda acceso a las cuentas corrientes, sus cartolas, tarjetas de crédito y algún otro producto financiero que el imputado registre en el Banco de Chile, a partir de octubre 2011.

Regina Aste Hevia será el primer nombre que se registre en el caso de Garay como presunta víctima de las 36 que se contabilizan a la fecha, quien asegura haberle entregado a $31 millones.

El fiscal explica que Aste y otros inversores “suscribieron contratos de asesoría con la empresa Think & Co., cuyo representante legal es Rafael Garay Pita”, añadiendo que esta sociedad se encargaría de “administrar este dinero, comprometiéndose a una rentabilidad mínima de 18% nominal anual en pesos, libre de impuesto y antes de comisión”, porque la compañía cobraría una rentabilidad anual del 7% sobre la utilidad acumulada en el período.

Según consta en el documento, el economista habría realizó varios traspasos de fondos desde sus cuentas y pago de cheques, logrando reducir el saldo de la cuenta de la sociedad financiera a $2.536.

“Entre los traspasos de fondos que generaron el saldo actual, existen numerosos traspasos del imputado a su propia cuenta corriente, pero ninguna información de las supuestas inversiones que se mencionaban en los contratos firmados”, señaló Morales.

Además, el fiscal agregó en el documento presentado que “ha quedado claro que no había tratamiento de enfermedad alguno en Chile”.

De esta manera, Morales logró que la jueza de garantía Carla Cappello autorizara la solicitud planteada y dejó bien claro que la huida de Garay y presunta estafa piramidal fue planificada con premeditación y alevosía, descartando que en algún momento, tanto en nuestro país como en Francia, el inversionista haya estado en tratamiento por el cáncer que había declarado en los medios.