Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la indicación para que militares condenados por delitos contra los Derechos Humanos no puedan acceder al beneficio de libertad condicional. De esta forma, la iniciativa pasó al Senado tras contar con el respaldo de 99 parlamentarios.
Ayer martes comenzó la discusión en torno a los Derechos Humanos en el Congreso, la que por el gran número de solicitudes de parlamentarios que pidieron intervenir, debió continuar esta jornada, donde los parlamentarios recalcaron que se trata de un beneficio y no de un derecho.
La iniciativa surgió luego de la polémica generada cuando en mayo de este año más de 700 internos de Valparaíso salieran en libertad condicional.
De esta forma, las personas condenadas por delitos de homicidio, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les concederá el beneficio si los hechos fueron cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y si actuaron como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos.
El cuadro también determina como plazo mínimo para quienes hayan cometido delitos de la más alta escala criminal (parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, etc.), el cumplimiento de dos tercios de la pena.
Finalmente, la iniciativa establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dictar el reglamento respectivo en el plazo de seis meses, contado desde la publicación de la presente ley.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, en una entrevista el fin de semana pasada, se había mostrado dispuesta a otorgar el beneficio a exmilitares, condicionándolo sí a la gravedad del estado de salud del beneficiado.
En este sentido, había señalado que “es un tema que tiene que debatir el Congreso a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DD.HH. Yo creo que en algún minuto hay que dar ese debate”.
