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La auditoría que reveló potencial exposición de Codelco al fraude y corrupción

ARCHIVO | Agencia UNO
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“Se identificaron brechas en procedimientos y prácticas que podrían exponer a la compañía a la posibilidad de fraude, corrupción, contribuciones de carácter político, conflicto de interés y en general una variedad de posibles malas prácticas”, concluyó el análisis que hizo la cuprera estatal a partir de las asesorías prestadas por la empresa ligada al exministro Jorge Insunza. En paralelo, la compañía ha venido aplicando cambios en sus normativas y procedimientos para corregir esta situación.

La auditoría interna que realizó Codelco para revisar las asesorías realizadas -entre 1997 y 2015- por Sistema Consultores, empresa ligada al exministro y exdiputado Jorge Insunza (PPD), concluyó que, aunque hubo un potencial riesgo de corrupción, dichos servicios no fueron fraudulentos. El análisis, en todo caso, sí exhibió que la principal empresa del Estado era vulnerable a que se cometieran ilegalidades o irregularidades en las contrataciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP).

“Dado que el propósito de esta auditoría fue analizar la naturaleza de la relación de negocios de Codelco con Personas Expuestas Políticamente (PEP), en las conclusiones del informe se identificaron brechas en procedimientos y prácticas que podrían exponer a la compañía”, consignó la nota interna que le envió el auditor general de la cuprera estatal, César Correa Parker, al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío.

Correa Parker agregó que “en particular, estas brechas podrían exponer a la corporación a la posibilidad de fraude, corrupción, contribuciones de carácter político, conflicto de interés y en general una variedad de posibles malas prácticas”. Dada esta compleja situación, le advirtió a Pizarro que “todas estas posibilidades contradicen los lineamientos corporativos, pero además podrían tener impactos severos sobre la reputación de la corporación”.

La referida auditoría, que finalizó en diciembre de 2015 y se realizó a solicitud del directorio encabezado por Oscar Landerretche, forma parte de los antecedentes que entregó el 1 de julio de este año la empresa -de forma voluntaria- al fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien lidera la investigación contra Insunza por posibles delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible. Esto, en relación a las asesorías que dos empresas ligadas a él realizaron a compañías mineras, entre ellas Codelco, mientras era diputado.

Según la investigación de la mayor productora de cobre del mundo, en total fueron 37 las asesorías realizadas por Sistema Consultores, de las cuales nueve fueron mediante asignación directa y el resto por solicitudes electrónicas de pagos misceláneos (SEP). Así, los pagos de la minera a la consultora totalizaron US$ 499.000.

Si bien en la actualidad la única propietaria de la sociedad es Viviana Insunza, hermana del exministro secretario general de Gobierno, éste ha tenido un vínculo permanente. De hecho, en 1996 creó la firma junto a Max Colodro. Posteriormente, en 2006, Jorge Insunza le vendió su participación (60%) a su hermana. Tras varios años, en julio de 2013 se reincorporó adquiriendo el 80% de la propiedad, aunque a fines de ese mismo año se la vendió nuevamente a Viviana Insunza.

El informe interno de la firma también concluyó que “los negocios con un PEP, en este caso con el señor Jorge Insunza de Las Heras, podrían impactar la reputación de Codelco y atentar contra la percepción de transparencia de sus grupos de interés (empleados, clientes, proveedores, el Estado, la opinión pública, etc.) por el aparente conflicto de interés, la potencial vinculación a una contribución de carácter político y existencia de condiciones para una situación de corrupción”.

Describió que, a partir de la situación investigada, se podría interpretar que Insunza “siempre estuvo vinculado a la propiedad en la sociedad Consultores Limitada, en consideración a la recurrencia y articulación de transferencias en la propiedad de la sociedad; la forma y montos involucrados”.

De todos modos, enfatizó que en el caso de Insunza no se observaron condiciones para la ocurrencia de un fraude.

Los otros casos

El de Insunza no es el único político vinculado a la Nueva Mayoría que ha sido analizado internamente por Codelco. A fines de mayo de 2015, Oscar Landerretche envió un informe a la Cámara de Diputados dando respuesta a diversos oficios fiscalizadores que habían emitido algunos parlamentarios. Dentro de ese documento, el titular del directorio de Codelco reveló diversos pagos realizados por la compañía a empresas y personas ligadas al conglomerado oficialista por asesorías y estudios, donde se incluían las realizadas por Sistema Consultores.

Uno de los casos involucra a la actual diputada Denise Pascal Allende (PS), quien prestó dos asesorías entre 2001 y 2006, por las cuales recibió US$ 163.709. Una de ellas la realizó a la vicepresidencia de desarrollo de mercados y medio ambiente, entre 2001 y 2003, recibiendo a cambio US$ 48.200. La otra fue por temas de medio ambiente entre 2004 y 2006, año en que inició su primer periodo como parlamentaria. Por este trabajo le cancelaron US$ 114.789.

Otro parlamentario que aparece en el informe es Patricio Vallespín (DC). En calidad de persona natural, hizo un estudio para la firma sobre un “acuerdo de producción limpia” de la División El Teniente, ubicada en la Sexta Región, entre abril y septiembre de 2005. A cambio, Codelco le pagó US$ 76.945. Ese año Vallespín se presentó como candidato a diputado por el distrito 57 de la Región de Los Lagos, donde salió electo y se ha mantenido -siendo reelegido dos veces- hasta hoy.

También integra la lista Esteban Valenzuela Van Treek, quien fue diputado por Rancagua entre 2002 y 2010. En el intertanto, renunció a su militancia en el PPD en 2007. El ex parlamentario efectuó una asesoría a la minera estatal para la creación de una corporación de desarrollo en la VI Región, entre 1998 y 1999, por la que recibió US$ 23.445.

Francisco Renán Fuentealba es otro nombre que consigna el documento entregado por Landerretche. Renán Fuentealba fue diputado por el distrito 9 en la Región de Coquimbo en dos periodos (1994-1998 y 2006-2010) y prestó una asesoría, en 1999, por el traslado de la oficina de Potrerillos en la División Salvador. Por estos servicios recibió a cambio US$ 32.201.

La lista además la compone Raúl Álvarez Cortés, militante del Partido Socialista y mano derecha del director de Codelco y presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, quien también pertenece a la misma colectividad. Álvarez realizó nueve asesorías -entre 1996 y 2008- por un total de US$ 476.779.

Los cambios aplicados

Todos estos casos han repercutido en Codelco, aunque en el plano interno el directorio y la alta plana ejecutiva ya venían trabajando en nuevas normas para el relacionamiento con políticos y personas con intereses vinculados a la estatal.

Así quedó reflejado en la nota interna sobre la auditoría que realizó Codelco por las asesorías de la consultora ligada a Insunza. En ella, el auditor César Correa Parker también precisó que previo a la investigación del Ministerio Público, la empresa ya había iniciado la implementación de una nueva política, con su respectivo marco regulatorio interno, en el ámbito de la probidad, la transparencia, la ética en los negocios y de un buen gobierno corporativo.

De hecho, en su misiva destacó que el directorio de la minera aprobó, en la sesión del 30 de septiembre de 2015, la regulación de operaciones con Personas Expuestas a Codelco (PEC) y con PEP. Esto, agregó, permitió complementar el marco normativo integral sobre conflictos de interés y elevó los estándares legales vigentes ligados al tema.

El nuevo instructivo corporativo de regulación de operaciones con PEP de Codelco, que rige desde octubre de 2015, define 15 categorías de personas que califican bajo este concepto. Sumado a ello, establece un mecanismo para identificar y controlar la contratación con PEP, el cual estipula que se exigirá en todo proceso de contratación comercial la presentación del formulario de declaración de vínculo con PEP, cuya información será verificada previo a la adjudicación -y por ende, a la suscripción- de un acuerdo o contrato.

Si la compañía, mediante un análisis técnico y económico, decide adjudicar un negocio o contrato a una persona jurídica o natural con calidad de PEP, tanto por la vía del trato directo o por medio de una licitación, deberá ser sometido a la autorización del directorio. Esto, independiente del monto involucrado.

En el caso de las asignaciones directas, la autorización se otorgará si es que se cumplen tres requisitos: que se justifique la real necesidad de efectuar la contratación; que se argumenten razones específicas para elegir una contraparte en particular; y que se ofrezca un precio razonable.

En tanto, el instructivo corporativo de regulación de operaciones con PEC, también vigente desde octubre de 2015, determina que esta condición se mantiene por hasta 18 meses después de que la persona terminó su vínculo con la empresa. En tal sentido, detalla que los cargos y funciones que mantendrán esta condición son los miembros del directorio, la alta administración, los ejecutivos, directivos y jefaturas de línea. A ellos se suman los asesores del directorio, del presidente ejecutivo, de los vicepresidentes y los gerentes generales.

También contempla que para identificar a una PEC se exigirá una declaración simple dando cuenta de si posee o no esta condición. Si luego del proceso correspondiente se decide adjudicar un negocio o contrato, se deberán aplicar algunos protocolos y requisitos de autorización. Para el caso de las asesorías y consultorías, si el monto supera los US$ 200.000, debe ser autorizada por el directorio con la recomendación previa del presidente ejecutivo. En tanto, cuando el monto no excede los US$ 200.000, el encargado de autorizarla es el presidente ejecutivo con la recomendación previa del vicepresidente de administración y finanzas.

El instructivo también regula las operaciones de compra de bienes y servicios, u otras en general. Así, establece que cuando el monto es mayor a US$ 1 millón, el directorio debe autorizar contando con la recomendación anterior del presidente ejecutivo. Mientras, para los casos en los que el monto es igual o menor a US$ 1 millón, la autorización la entrega el presidente ejecutivo y debe tener una recomendación previa del vicepresidente de administración y finanzas.

En paralelo, el directorio de Codelco acordó -en la sesión ordinaria del 26 de noviembre del año pasado- que todas sus sociedades filiales adoptarán los procedimientos y normas que rigen a la compañía en aspectos como normas de conducta, probidad, conflicto de interés, PEP y PEC, entre otros.

La mesa directiva también acordó que para el caso de las empresas coligadas, se realizarán los mejores esfuerzos para que las normas y procedimientos sean implementadas. A su vez, determinó que en la constitución de las futuras sociedades coligadas, se impulsará la inclusión de las normas y procedimientos en sus estatutos, pactos de accionistas u otros instrumentos contractuales que procedan.

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