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Corte por entrevistas grabadas de menores en juicios: Declaración debe ser voluntaria

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La Corte Suprema envió al Senado un informe sobre el proyecto de ley que regula las entrevistas videograbadas de menores en procesos judiciales. En el texto, se dispone como principal requisito que declaraciones se realicen de forma voluntaria por los afectados.

El informe establece una serie de requisitos previos a la implementación de las entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos sexuales, relacionados, entre otras materias, con la garantía de igualdad ante la ley de todos los menores víctimas o testigos, participación voluntaria en causas relevantes y preocupación por el interés superior del niño.

En dicha línea, el informe califica como de la mayor importancia, la participación voluntaria de los afectados que se encuentren involucrados en todos los procesos penales, y no solo en los ligados a delitos sexuales.

Sobre este aspecto, señala que “no queda establecida la forma en que se manifestará la conformidad con la participación voluntaria en la investigación criminal y en el procedimiento judicial”.

Asimismo, sobre la propuesta de establecer un sistema de entrevista única, el informe advierte sobre la ausencia del juez en la toma de dichas declaraciones.

“Son los jueces quienes dirigen la audiencia y, con el mayor respeto de las personas habilitadas para efectuar la entrevista, la preparación profesional o de capacitación que se requiere por el proyecto la pueden adquirir los magistrados, como ha sucedido con la Responsabilidad Penal Adolescente”, advierte el informe.

Oficio que, además, plantea que “surge la duda en cuanto a su valor cuando las declaraciones de niños, niñas y adolescentes son prestadas en juicio, por cuanto la conducción no es efectuada por un magistrado, único autorizado constitucionalmente para sustanciar la etapa de conocimiento de la contienda“.

Otro punto relevante para el máximo tribunal es la protección de los menores. Por lo que sostiene que “una norma que debe quedar incorporada al proyecto es la prohibición absoluta de exponer a los niños, niñas y adolescentes a un enfrentamiento con su agresor (careos, reconstituciones de escena, etc)”.

Desde el año 2013 la Fundación Amparo y Justicia lidera la campaña “No me pregunten más” que busca, justamente, evitar la victimización secundaria de quienes enfrentan un proceso judicial y deben prestar declaración en más de una oportunidad.

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