La Cámara de Diputados aprobó este martes con 50 votos a favor y dos abstenciones, crear una Comisión Investigadora que indague las millonarias compras de insumos y prestaciones médicas por parte de Fonasa a las clínicas privadas, por consecuencias de las derivaciones de pacientes que se realizan a raíz de la falta de camas, personal médico o equipo necesario de las unidades UTI y UCI.

“Esta práctica ha debilitado la atención del sistema público con montos que acumulan deudas extraordinarias para el ministerio”, sostuvo el diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD), quien junto a Juan Luis Castro (PS) impulsaron la formación de esta instancia parlamentaria.

En este sentido, Alvarado explicó que esta práctica se ha venido presentando desde hace años por lo que la comisión investigará desde el 2012 hasta el presente. “Pensamos que es el momento de ir al fondo del asunto y averiguar qué ocurre, ya que los montos transados muchas veces sobrepasan en 200% o 300% lo que costaría el mismo procedimiento en el sistema público”, aseguró el parlamentario.

A lo anterior, el diputado agregó que pondrán especial énfasis en los diversos acuerdos que el sistema posee con algunos recintos en particular, “ya que como ha sido de público conocimiento, los más beneficiados han sido las clínicas Colonial, Las Condes y, especialmente, Ensenada”.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) comentó que “todos entendemos que hay una compra privada que está regulada en la ley, pero estamos viendo que hoy esa regulación no es suficientemente clara para garantizar que el establecimiento está bien acreditado. Existen antecedentes y aspectos que se han detectado, específicamente con la clínica Ensenada, que nos hacen dudar”.

“Tenemos la convicción de que el dinero público tiene que estar bien utilizado, porque los usuarios del sistema requieren de hospitales a los que se les pida acreditación. Por eso, y ante los aspectos anómalos que hemos detectado, es que queremos investigar a través de esta comisión”, finalizó el parlamentario socialista.

Según estableció la Sala de la Cámara, la Comisión tendrá 120 días de plazo para arrojar su informe con las conclusiones de la investigación.