Por el delito de “quiebra fraudulenta” el fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizar al empresario y excontrolador de la empresa Curauma, Manuel Cruzat Infante.

En la audiencia -fijada para el próximo 3 de noviembre- se le comunicarán cargos al dueño del grupo Cruzat y a los exejecutivos; Antonio Espinoza, Eduardo Romo Martínez y Ricardo Muñoz Parra.

A todos se les atribuye el ilícito contemplado en el Código de Comercio por no facilitar toda la información contable de la empresa al síndico César Millán, luego que se ordenara la quiebra de la firma el 18 de diciembre de 2013. A esto se suma la imputación de “falsedades vertidas en el proceso” contra Muñoz Parra.

Como principal acreedor en la causa figura la Tesorería General de la República, sólo por concepto de impuestos.

La investigación se basa en una denuncia presentada por Millán -el 23 de enero de 2014- por el incumplimiento de la empresa respecto a la facilitación de la contabilidad que les permitiera llevar adelante la quiebra y liquidación de bienes, específicamente terrenos ubicados en la región de Valparaíso, correspondientes a 5 mil hectáreas.

A ello además se suma una querella de “Administraciones y Proyectos Euroamérica” que detalla en el libelo que la entrega de libros y otros documentos contables no constituye un acto “voluntario, ni gracioso” sino que es una obligación consagrada por el artículo 96 del libro cuarto del Código de Comercio.

Junto con esto se apunta a que “los personeros de Curauma S.A. se resisten impunemente a cumplir sus obligaciones y ni siquiera entregan la contabilidad de una sociedad fallida, que registra un pasivo superior a los 200 millones de dólares”.

El abogado de Manuel Cruzat, Felipe Moraga, dijo que es erróneo el planteamiento del síndico, ya que se entregó contabilidad de manera física, además de la contabilidad en soporte digital.

Se suma la facilitación de las claves o password del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la empresa que respaldaba la contabilidad de la firma, Softland, para que -desde su oficina- Millán, el síndico, pudiera tener acceso a los balances de Curauma.

La formalización solicitada por la Fiscalía Oriente se da en el contexto de las irregularidades que el grupo Cruzat acusa respecto a la forma en que se ha llevado a cabo la liquidación de bienes, ya que se sostiene que -lo adeudado por Curauma- es inferior al valor total de los terrenos, propiedad de la firma que el síndico pretende liquidar.

Esta es la tercera causa en la que el fiscal Carlos Gajardo investiga a Manuel Cruzat Infante, ya que existe una indagatoria respecto a la empresa CB Consultorías, cuestionada por más de 100 contratos forwards firmados con el holding Penta.

Otra indagatoria en su contra fue el caso de “apropiación indebida” acusada por la empresa Miscuentas.com, el cual terminó con un acuerdo reparatorio en que Cruzat pagó 6 mil millones de pesos para finalizar el proceso.