La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, reconoció que el poder judicial está inhabilitado para solucionar la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename), esto tras el informe emitido por el máximo tribunal del país el cual establece graves problemas al interior de los hogares donde permanecen niños y jóvenes.
Hacinamiento, insalubridad (basura), déficit de funcionarios y técnicos (renuncian y no son re contratados), desorden en la administración de medicamentos, son algunos de los problemas que descubrió la comisión de jueces de familia que trabajó en esta fiscalización sólo a recintos residenciales de protección del Sename.
El diputado independiente René Safirio calificó de negligente al Poder Judicial, ya que este es el primer informe público sobre el organismo.
En la instancia recordó la Comisión Jeldres, un trabajo de la Unicef y los jueces de familia, con el apoyo de la Corte Suprema, que incluso reveló consumo de drogas en los menores y abusos sexuales.
Quien encabezó el trabajo en el tribunal máximo del país, Rosa María Maggi, fue tajante en asegurar que los jueces nada pueden hacer para superar la crisis, dichos emitidos tras las numerosas críticas.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, reconoció que los jueces de familia visitan cada tres meses los centros. Sin embargo, denunció que los informes son “condescendientes” con los hogares administrados por privados.
Cristofer Simpson, presidente de los trabajadores metropolitanos del Sename culpó al cueteo político a la hora de definir los cargos en este servicio.
La ministra de justicia, Javiera Blanco, advirtió que el incumplimiento de los privados en términos de salubridad podría hacer caducar los contratos si se confirman las insuficiencias.
El Sename, dijo, aún trabaja para levantar información desde el 2005. Es un esfuerzo que no se hizo antes, mientras que por ahora la información están en manos de privados.
En la Corte Suprema hay cierto balance positivo con la llegada de la ex fiscal Solange Huerta a la dirección del Servicio Nacional de Menores, ya que se han mejorado las coordinaciones con los jueces de familia para derivar a hogares a niñas y niños desprotegidos.
