La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó investigar la existencia de una asociación ilícita de militares y civiles, por torturas en contra de unos 3 mil valdivianos, después del Golpe Militar de 1973.
De manera unánime el tribunal de alzada valdiviano revocó la decisión del juez instructor, Juan Ignacio Correa, y ahora permitió que se indague la existencia de una presunta asociación ilícita que habría actuado en contra de unos 3 mil valdivianos opositores al Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre y días posteriores.
Así lo indicó el abogado querellante, Roberto Ávila, que representa al ex intendente de Valdivia, Sandor Arancibia, al ex alcalde de la comuna, Luis Díaz, y otras víctimas de la dictadura.
El ministro Correa había rechazado la solicitud de procesar al ex fiscal militar Bernardo Puga, hermano del ex párroco de La Legua Mariano Puga, conocido por su defensa a los Derechos Humanos; y al dentista Alberto Robles, a quien la parte querellante le sindicaba aplicar electricidad en los dientes de los presos políticos. Este último se exculpó de todo cargo en una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío.
Según el ex alcalde de Valdivia, Luis Díaz, un centenar de valdivianos debe tener el recuerdo de haber sido torturados en un sillón de dentista.
Por esta causa, que ya lleva cuatro años abierta, hay sólo un procesado: el ex teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún, quien por este caso está libre bajo fianza, pero preso en Santiago por una investigación de la reforma procesal penal.
Según los querellantes, los querellados participaron de un operativo para contener a un dirigente y militantes de izquierda de la época, porque habrían tenido un plan desestabilizador, que involucraba secuestros y ataques a familias de militares, entre otras cosas, lo que resultó ser falso, falacia conocida como Plan Zeta.
