El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, reconoció diferencias al interior del oficialismo respecto a modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, luego de que sectores tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos reactivaran la ofensiva para reformar la normativa vigente desde 1958 y que obliga a Codelco a entregar el 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas.

El complejo escenario financiero de la estatal que durante el primer semestre anotó excedentes negativos por US$97 millones, el que posicionó el debate, junto a la capitalización de la compañía. Sin embargo, Gómez enfatizó en que -independiente del mecanismo- el objetivo es el mismo.

Además, sentenció que “yo creo que el tema en esta materia no es pacífico” frente al debate suscitado ante posibles modificaciones a la Ley Reservada del Cobre.

Durante la puesta en marcha del Hospital Modular de Campaña del Ejército en Recoleta, el comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, en compañía de Gómez, enfatizó en que las capacidades que entregan los recursos provenientes de la corporación que el año pasado ascendieron a US$850 millones poseen “polivalencia”, es decir, operaciones que “son distintas a la guerra”.

En 2011, la administración de Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre y fijar un presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas, el que estipulaba diversas partidas con pisos mínimos de aporte.

Ante esto, el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, enfatizó en que “es tiempo de cambiar”.

El senador del MAS, Alejandro Navarro, emplazó a La Moneda a recoger parte de la propuesta de la oposición con el objetivo de avanzar en la modificación de la normativa. Junto a ello, criticó la arremetida de Gómez y Oviedo, aludiendo a que no actuaron de forma tan enérgica ante el denominado caso “Milico-Gate”.

La página 151 del programa de gobierno de Michelle Bachelet estipula que la presente administración presentaría una indicación sustitutiva el proyecto que deroga la normativa con el objetivo de incorporar la anualidad correspondiente a la planificación presupuestaria cuatrienal del financiamiento de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Bancada de la DC, Fuad Chahín, planteó que el debate respecto a la Ley Reservada del Cobre podría -desde su tienda- ser elevado hasta el Tribunal Constitucional.

Desde 1995 a la fecha por medio de la Ley Reservada del Cobre, las Fuerzas Armadas han recibido cerca de US$20 mil millones, cifra que representa poco menos del 10% del producto interno bruto del país.

Según han comentado personeros de la Nueva Mayoría, el trabajo prelegislativo de la iniciativa no ha sido completado, precisamente, por las diferencias suscitadas al interior del oficialismo.