La consigna ciudadana sigue latente. El descontento ciudadano contra el sistema de AFP pareció no ser apaciguado, a pesar de los anuncios de La Moneda de reformar el régimen de capitalización individual.

La convocatoria a un “acuerdo nacional” podría tomar más tiempo de lo proyectado. Es por ello que sectores de la Nueva Mayoría abogarán por un incremento de un 10% en el Pilar Solidario actual, como medida en el corto plazo. Sin embargo, el Ejecutivo anticipó que solo habría incrementos en las partidas presupuestarias de Salud y Educación.

Es por eso que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se encuentra en una encrucijada. Con una enorme cantidad de gastos comprometidos para el próximo año, ¿cómo será posible conciliar la presión de un año electoral con el cumplimiento de la regla fiscal y un mayor aporte del Estado en materia de pensiones?

Tal vez no duplicó la convocatoria como sus organizadores esperaban, pero demostró que la consigna no ha perdido fuerza: “No + AFP” se tomó las avenidas de las principales ciudades del país, en una participación que, según los organizadores, superó el millón de personas en todo Chile, pero que según Carabineros, completó la participación de 80 mil personas desde la Plaza Italia hasta la Plaza Los Héroes en Santiago.

16 días tardó La Moneda en canalizar la demanda ciudadana por mejores pensiones, a través de una cadena nacional, desde la primera movilización del 24 de julio. Y si bien a primera vista la estrategia del Ejecutivo pareció un “golpe de timón”, la prolongación de la convocatoria a un acuerdo nacional, lentamente, comienza a tensionar con la expectación ciudadana.

El Ejecutivo baraja al menos 12 posibles modificaciones al sistema, de un total de más de cien propuestas que se han ido acotando al interior del Comité Interministerial que aborda la materia.

¿Cuál debe ser la prioridad en el corto plazo? Este lunes, en el Comité Político en La Moneda, parte de los presidentes de partido de la Nueva Mayoría insistirán en que la prioridad debe ser fortalecer el actual Pilar Solidario, creado en 2008, antes de avanzar en modificaciones estructurales de largo plazo. Así lo dio a conocer el timonel del PPD, Gonzalo Navarrete.

La presidenta Michelle Bachelet anticipó, en la reunión del pasado viernes con jefes de bancada en La Moneda, que parte importante del aumento de un 5% en la cotización -con cargo al empleador- debería ir al Pilar Colectivo Solidario. En una implementación de un 0,5% anual, una de las principales alternativas del Ejecutivo habla de que sólo un 1% sería destinado a las cuentas individuales, aún así totalizaría un gasto de 1.500 millones de dólares para el Estado.

Sin embargo, desde la oposición han insistido en que esta medida es un “impuesto al trabajo”. Es por ello, que el senador de la UDI e integrante de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, plantea que la proporción debería totalmente a la inversa.

Equiparar, progresivamente, las edades de jubilación entre hombres y mujeres en 65 años podría oficializarse como propuesta, sin embargo, ésta consideraría compensaciones para aquellas que estén próximas a pensionarse. Esto, además de la paulatina equiparación de la tablas de mortalidad. Es por ello, que el diputado y vicepresidente de la DC, Sergio Espejo, apunta a que es necesario viabilizar alternativas en los 16 meses restantes de la administración Bachelet.

El Fondo de Reserva de Pensiones podría ser una de las alternativas para financiar la ampliación del Pilar Solidario actual, con parte de los 8.500 millones de dólares que posee, así no ejercer mayor presión -aún- sobre el cumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, esta alternativa no aúna consenso al interior del oficialismo. Con el objetivo de poder aterrizar la discusión en términos cronológicos, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, insistirá hoy en el Palacio, luego de que el tema fuera relegado de la reunión ampliada del jueves pasado, en la definición de un cronograma.

Sí las dudas sobre la cohesión de la Nueva Mayoría estaban sentadas hace meses, la última encuesta CEP terminó por acrecentarlas. Es por ello, que el sondeo será también materia obligada del comité de hoy. Y, precisamente, la falta de “piso político” podría restar legitimidad de una eventual propuesta. Esta situación, a juicio del senador de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, José García Ruminot, podría convertirse en un “boomerang” para La Moneda, en vista de las dudas que -a su juicio- sembró el anuncio presidencial.

El 30 de septiembre es la fecha límite para oficializar una propuesta, al menos para el próximo año, ya que ese es el día en que -a más tardar- debe ser presentado el presupuesto de la nación. Sin embargo, la presión recae netamente en Hacienda. Esto, en un escenario en que el gasto de Gobierno aumentó en un 7% durante el primer semestre, según el Banco Central, y que la Dirección de Presupuestos estimó que los ingresos fiscales caerán un 0,5% este año comparación a 2015.