En la última etapa del Caso Penta y a cuatro meses del cierre de la investigación los imputados piden las últimas diligencias junto con la rebaja de medidas cautelares.
Los principales imputados en esta causa son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes nuevamente intentarán quedar sin precautorias en su contra.
La revisión de medidas cautelares que solicitó el defensor de Délano y Lavín, el abogado Julián López, será realizada a las 11:30 horas de este lunes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el argumento del extenso período de tiempo que transcurrió desde la formalización el año pasado
Otras defensas también opinan que se ha extendido de forma inecesaria la indagatoria.
El defensor del ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Martínez, el abogado Ramón Sepúlveda, sostiene que su representado no fue autor de los delitos de cohecho que se le imputaron.
En este tipo de delitos -de corrupción- ahora la fiscalía cuenta con un nuevo medio de prueba como son las medidas intrusivas de interceptaciones telefónicas, aplicables al soborno y cohecho.
Ello luego del criterio que estableció la 12° sala del tribunal de alzada capitalino, que dio luz verde al uso de las escuchas telefónicas en su resolución que anuló de forma parcial el juicio por cohecho internacional respecto del general en retiro Víctor Lizárraga en la arista Famae del Caso Fragatas.
El fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, explicó que ahora podrán incorporar en las investigaciones por corrupción este tipo de medidas intrusivas, ya que se reconocen penas de crimen para el delito de soborno y cohecho.
Hasta ahora la fiscalía podría acreditar el cohecho y soborno -como en el Caso Penta- mediante el uso de pruebas contenidas, por ejemplo, en correos electrónicos. Con la validación de los pinchazos telefónicos, sin embargo, el Ministerio Público podrá generar más contundente para acreditar delitos de corrupción.
