Este martes, tras un requerimiento presentado por la Fiscalía Oriente, se acató extender por cuatro meses más la investigación del Caso Penta.  Uno de los objetivos de esta ampliación, es decidir si se desagruparán las causas que involucran al excandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne.

La solicitud, -encabezada por los fiscales de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena-, se realizó este martes a las 09:00 horas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El objetivo de extender la indagación por delitos de corrupción relacionados con el financiamiento ilegal de la política, busca definir qué casos -de los 35 formalizados- se llevarán a juicio oral, procedimientos abreviados o salidas alternativas.

La Fiscalía solicitó la ampliación considerando también que a pesar que hay aristas de investigación ya agotadas, hay otras iniciales como la de Golborne, que habría recibido financiamiento ilegal por más de 270 millones de pesos.

Si bien el excandidato presidencial reconoció en dos declaraciones previas, aportes de Penta, el Ministerio Público señala que omitió los dineros que 10 empresas le habrían otorgado para su campaña senatorial y presidencial por medio del empresario Tomás Carrasco, querellado por el SII.

En esta arista están en la mira de la Fiscalía empresas como Ripley, Inversiones Caburga, Acerera CAP, productos de bebidas y alimentos, Watts, entre otras más.

El fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, a la salida de la audiencia señaló que aún no hay una decisión sobre desagrupar las causas que involucran a Golborne, a la vez que no descartó nuevas formalizaciones en el caso Penta.

El abogado de Golborne, Juan Pablo Kinast, señaló que a su parecer, ya se agotó la investigación, opinión que contrasta con la posición del ministerio público.

Las defensas están divididas entre aquellos que buscan probar inocencia en un juicio oral, como es el caso de los dueños de Penta, Delano y Lavín; y aquellas que están dispuestas a ir por la vía de los juicios abreviados, en que se tienen que reconocer los delitos imputados.