Encuesta arroja que el 61% de los chilenos considera urgente el reemplazo de las administradoras de pensiones por un sistema público solidario. La consulta es parte de Triangular, estudio liderado por el sociólogo Alberto Mayol. En la medición también se consultó sobre la reforma tributaria, laboral, educacional y el cambio constitucional.
De acuerdo a los datos obtenidos por el estudio, el 24% cree que la mejor opción es complementar el modelo con una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado, mientras que solo un 3% cree que el actual modelo es apropiado y que debiera conservarse.
El “Estudio de Valores. Primer Semestre de 2016” se aplicó sobre una muestra de 701 casos de 18 a 65 años de Arica a Punta Arenas, desde el 24 de mayo hasta el 15 de junio.
Para Mayol, la solución propuesta por el sistema político, una AFP estatal, no respondería al problema que percibe la gente. “Entonces, tenemos una situación que es muy difícil de administrar, porque finalmente no hay una conversación ni simultánea ni posible”, señaló el sociólogo.
La encuesta también arroja que si bien un 79% está de acuerdo con cambiar la constitución vigente por una nueva, solo un 18% respalda la fórmula del Gobierno (cabildos), en contraste con un 59% que se muestra partidario de efectuar el cambio a través de una Asamblea Constituyente.
Por otra parte, aunque el 92% cree que es necesario realizar una reforma al sistema educacional chileno, los consultados evaluaron la medida impulsada por el Gobierno con una nota promedio de 3,3.
Similar situación ocurre con la Reforma Laboral. Mientras un 85% es partidario de realizarla, califican la iniciativa de la actual administración con nota 3,5.
Respecto a la Reforma Tributaria, el 60% piensa que es negativo “hacer crecer los impuestos y la burocracia”, frente a un minoritario 26% que destaca “la importancia de avanzar en mayor recaudación fiscal para derechos sociales”.
Chile, país “corrupto”
El 77,5% de los encuestados cree que Chile es un país corrupto o muy corrupto. De hecho, más del 88% cree que este apelativo es propio tanto de la elite política como económica.
El estudio establece un ranking de abusos a partir de las evaluaciones de los encuestados. En este, los consultados identifican a las tarjetas de las casas comerciales como las que más incurren en injusticias, seguido de los políticos y las grandes empresas.
Respecto a los casos La Polar, la colusión de los pollos y del papel higiénico, un 94% cree que es reflejo de la forma en que las empresas manejan sus negocios en general.
Papel del Estado
El estudio da cuenta de una mayor demanda de estatismo de parte de la población. Un 77% se inclina por que los escándalos protagonizados por empresas sean resueltos a través de una regulación más firme de parte del Estado, frente a un 21% que piensa que esto se resuelve con una mejor formación ética.
Por otra parte, al ser consultados por cuáles recursos debiesen ser de propiedad exclusiva del aparato estatal, el 74% cree que debe ser dueño del agua; un 73%, del cobre y la energía; un 63%, de todos los recursos mineros; un 62%, del litio; un 59%, de recursos forestales; y un 53%, de la pesca.
Dinero y política
Esta parte del estudio da cuenta que la vinculación entre SQM, el PPD y Carolina Tohá, “se ve como un ejemplo de lo que está ocurriendo con todos los partidos”.
Finalmente, sobre la vinculación entre SQM y Marco Enríquez-Ominami, ello generó una “decepción total” respecto al candidato.
