A 33 días de que el Tribunal Constitucional impugnara la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación en la reforma laboral, para el Gobierno dos de las principales dificultades para “viabilizar” la iniciativa residen en la regulación de los pactos de adaptabilidad y la normativa de los grupos negociadores, sin poner en jaque -precisamente- la titularidad sindical.
La complicación yace en que hasta no definir un mecanismo para reponer este último aspecto, tanto los pactos de adaptabilidad como los grupos negociadores quedan -según el oficialismo- una “nebulosa”. El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, reconoció el abanico de opiniones al interior del oficialismo en la materia.
A pesar de que fue descartada en primera instancia, debido al alto quórum requerido, la reforma al artículo 19 de la Constitución para reponer la titularidad sindical sigue siendo una alternativa factible para sectores de la Nueva Mayoría. Una vez desechada la congelación del proyecto y una ley interpretativa, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostiene que -en este aspecto- debiese existir consenso en el oficialismo.
Más crítico respecto al debate de la iniciativa es el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, Óscar Olivos. A juicio del líder de la CAT, el debate debió ser de forma inversa a la que se ha dado, es decir, primero cambiar la Constitución para avanzar en la elaboración de un nuevo Código del Trabajo.
La alternativa más plausible en La Moneda para “viabilizar” la Reforma Laboral es la combinación de una Ley Corta, junto al ya presentado veto presidencial, decisión que sería adoptada por la presidenta Michelle Bachelet durante junio.
