El reloj marcaba las 11 de la mañana y un grupo de periodistas aguardaban apostados en las afueras de la Fiscalía de Rancagua, luego que ayer domingo fueran alertados de un punto de prensa del fiscal del Caso Caval, Sergio Moya.
Y es que la bullada investigación que tiene como principal protagonista a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, volvió a tomarse la pauta tras conocerse de la declaración que entregó -secretamente- la propia mandataria.
Tras sendas entrevistas a El Mercurio y Canal 13, la expectación periodística había aumentado por conocer detalles de los dichos de Bachelet y el avance en el caso que, según analistas y encuestas, significó un importante golpe a la popularidad de la jefa de Estado socialista.
No obstante, cuando faltaban 15 minutos para el encuentro, se avisó que Moya no hablaría con los medios por “diligencias de último minuto”. Finalmente, la fiscal adjunta Marcia Allende terminó dando breves detalles de la declaración de Bachelet, terminando abruptamente su vocería ante las consultas de la prensa.
El enojo de La Moneda
Tras la improvisada vocería, quedó en la nebulosa qué fue lo que finalmente ocurrió para que el fiscal Moya no enfrentara los medios de comunicación.
Según la Fiscalía, el persecutor habría tenido que viajar hasta la región Metropolitana a una diligencia. No obstante, el tema se enreda aún más cuando fuentes de Radio Bío Bío aseguraron que Moya no se trasladó a la capital, quedándose en la capital de la región de O’Higgins.
Así, los primeros trascendidos apuntan a una orden desde la Fiscalía Nacional. Esto se explicaría en cierta medida por el enojo que causó en La Moneda, donde consideran que las diligencias de Moya están validando en cierta forma las polémicas declaraciones de Juan Díaz.
Aunque, todo apunta a que las diligencias del fiscal Moya -incluida la toma de declaración de la mandataria- no tiene que ver con las escuchas telefónicas, sino que están directamente relacionadas con la declaración que el exoperador político de la UDI entregó a la Fiscalía cuando renunció a su derecho a guardar silencio en abril pasado.
