Un análisis al panorama de la libertad de expresión en Chile realizó el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Edison Lanza, quien visitó nuestro país desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio.
Lanza realizó un resumen de su visita a través de observaciones preliminares, a la espera de la redacción del informe final que sería publicado a fines de este año, según informó el CIDH.
En las observaciones se destaca los “notables” avances en el país en cuanto a otorgar garantías para la libertad de expresión, aunque lamentó la existencia de “algunas normas y prácticas que siguen impactando negativamente” este derecho.
Entre otros aspectos, el documento repara en el impulso de “medidas legales y acciones judiciales que tendrían como resultado criminalizar el ejercicio del periodismo y la deliberación pública” de casos de corrupción, recordando la denominada “ley mordaza” que buscaba castigar las filtraciones de casos desde la Fiscalía. En el debate destacó el “discurso negativo hacia la prensa”, desconociendo “el rol central que ésta tiene en el sistema democrático.
Se consigna también la citación a declarar por parte de la Fiscalía Militar a los periodistas de The Clinic para revelar sus fuentes del caso “Milicogate”, pese a que la reserva de éstas se encuentra consagrada como derecho de los comunicadores sociales.
También se subraya la preocupación por la penalización de la injuria y calumnia, consignando como ejemplo la querella de la presidenta Michelle Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa.
La Relatoría Especial establece que que las acciones y omisiones de un Estado o sus funcionarios están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública, por lo que “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión.
Se valora además el rol del Consejo Para la Transparencia como “una de las instituciones de mayor importancia para la defensa del derecho de acceso a la información”.
Entre otros aspectos, se señala que aún falta por cambiar el escenario de concentración excesiva de medios de comunicación, así como también reforzar la radiodifusión comunitaria y la necesidad de eliminar algunas de las restricciones para el funcionamiento de estos medios.
En cuanto a movilizaciones y marchas, se ahonda en que no debería exigirse autorización para éstas y advirtió que Carabineros debe actuar con “el máximo nivel de profesionalismo” ante las numerosas críticas hacia su actuar.
Si bien la Relatoría Especial reparó en los desmanes producidos en manifestaciones, criticó que éstos sean aprovechados “por diversos actores” para descalificar la movilización.
