“No queremos que sólo algunas empresa o reparticiones opten por la incorporación de personas en situación de discapacidad”.
Con esta frase, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a la firma de las indicaciones sustitutivas al Proyecto de Ley de inclusión laboral, que especifíca un umbral mínimo de un 1% de contratación para discapacitados.
“Este es un proyecto que abre espacio a la justicia. Estamos reconociendo un derecho y dando oportunidades donde, hasta ahora, sólo ha habido espacios para la marginación, la mera caridad o la voluntad”, afirmó la mandataria.
Detalló además que el cuerpo de la ley se establece un umbral mínimo de de inclusión, tanto en el ámbito público como en el privado.
De esta forma, las empresas con más de 200 trabajadores, sean organismos públicos, civiles o militares, deberán contar con un cupo no menor al 1% para personas con discapacidad o pensión de invalidez.
La iniciativa, afirmó la presidenta Bachelet, busca “eliminar cualquier tipo de discriminación para los trabajadores con discapacidad e implantantar la cultura del respeto a la diversidad y el trabajo decente”.
Asimismo, sostuvo que los estamentos responsables de fiscalizar el cumplimiento de la normativa serán, en lo público, la dirección nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
En tanto, en el espectro privado, será la Dirección del Trabajo la encargada de revisar que las empresas cumplan con lo establecido en las indicaciones del proyecto.
