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Proyecto de E. Superior: Becas y CAE se mantendrán hasta alcanzar gratuidad universal

ARCHIVO | Agencia UNO
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Si bien el Gobierno hizo envío del proyecto de Educación Superior al Congreso, éste no pudo ser ingresado, ya que la oficina de partes no se encontraba funcionando cuando se hizo llegar la iniciativa, razón por la cual recién este martes se podrá conocer en detalle el articulado.

Sin embargo, la última minuta que el Gobierno trabajó con la Nueva Mayoría el domingo pasado, y que fue publicada en exclusiva por  BioBioChile, revela algunos puntos que se habían dado por sentados, como la fecha en que se alcanzará la gratuidad para el sexto decil, luego de que el Ejecutivo corrigiera a la baja su promesa de campaña, estableciéndose como tope para su concreción el año 2020, iniciándose el proceso el 2018.

Pero mientras se avanza en la ampliación del beneficio, desde el Ejecutivo indicaron que se seguirán manteniendo las becas y uno de los instrumentos que ha llevado al endeudamiento de los estudiantes, como es el Crédito con Aval del Estado. Así lo reiteró la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien de paso negó que la gratuidad universal se convierta en una eterna promesa.

En tanto, varios parlamentarios de la Nueva Mayoría no comparten la visión del Gobierno de mantener el CAE. El senador del PPD e integrante de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, pidió que al menos para las universidades que conforman el Consejo de Rectores, este crédito deje de existir.

Otro punto que la minuta logra dilucidar es que se mantendrán las transacciones entre relacionados, una de las herramientas usadas por algunas instituciones de educación superior para lucrar, y que en su momento generó polémica ya que se dejaba entreabierta la puerta para que este tipo de negociados se siguieran realizando.

Minuta

El texto establece que: “Se prohíbe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones de educación superior y se resguarda también que entidades con fines de lucro pudieran tener el control de manera indirecta”.

“Se exige que todos los recursos de la institución se destinen a sus objetivos y se sancionará cualquier operación que vulnere este precepto, pudiendo derivar esto incluso en sanciones penales para quienes participen de la operación o en la pérdida de reconocimiento oficial de la institución”.

“Se establece que quienes desvíen recursos de la institución para fines distintos de los educacionales que constan en sus estatutos, el infractor estará obligado a devolver dichos recursos y pagar una multa del 50 por ciento de aquello que se apropió”. Y sólo “en caso de no devolver dichos recursos a la institución se configura el delito de apropiación indebida, pudiendo la pena llegar hasta los 5 años de cárcel”, agrega el texto.

“Se prohíben las operaciones de la IES con sus dueños (organizadores o asociados), sus controladores o sus autoridades superiores, y se regulan las operaciones con otras personas relacionadas, asegurando que se realicen a precio justo. En este marco, se prohíbe que cualquier autoridad de la IES con algún interés participe de las decisiones que autoricen alguna de estas operaciones”. Y se establece “regular y no prohibir este último tipo de operaciones, para evitar que se ponga en riesgo el cumplimiento de la misión de las instituciones de Educación Superior.

Rectores

Al interior del Cruch, en tanto, la división entorno al trato preferente que recibirán las universidades estatales y que se traduce un fondo exclusivo para el desempeño y fortalecimiento de estos planteles, sigue acrecentando las diferencias con las universidades privadas del organismo, las llamadas G-9.

El presidente de la instancia y rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, en conversación con el programa Expreso Bío Bío, aseguró que el Gobierno está reeditando el concepto de la retroexcavadora, hacia estas instituciones.

Desde los planteles estatales, el presidente de este consorcio y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, llamó a no desnaturalizar el sentido de lo público e ironizó con la molestia que generó en el G-9, el hecho que no hayan sido invitados a la última reunión que los rectores sostuvieron con el Mineduc.

La minuta indica además, que se creará un Fondo Basal para la Investigación, al que podrán acceder solo las universidades que estén en gratuidad y que se asignará según logros. Este fondo se obtendrá de la reasignación que se hará del Aporte Fiscal Indirecto y Directo a contar del año subsiguiente de aprobada la ley.

Por último, desde el partido Comunista, la diputada Camila Vallejo, dio cuenta de cuáles serán los nudos críticos que deberá sortear la reforma.

En cuanto a la acreditación de las instituciones -la cual será obligatoria- se establece que los planteles están obligados a evaluarse en las cinco áreas, hoy sólo se exigen dos, y de no hacerlo no podrá ser certificadas. Estas consisten en Gestión institucional, Sistema interno de gestión de la calidad, Docencia y Formación, Investigación Creación e Innovación y Vinculación con el medio.

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