El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de ser el primero en incumplir el tratado de 1904 y acusó a un periodista de canal 13 de ir en misión enviado por el Gobierno para hundir su administración.

Y es por el reclamo insistente desde Bolivia por el supuesto incumplimiento del tratado de 1904 que la Cancillería de Bolivia remitió dos notas al Consulado de Chile por el incremento de tarifas portuarias y el cierre de garajes en puertos que son utilizados por la carga boliviana.

En una de las misivas, el Gobierno boliviano rechazó el incremento de las tarifas portuarias en Arica e indicó que se propuso solicitar un estudio a la Cepal y a la Aladi que permita establecer los criterios para un ajuste automático de dichas tarifas.

En la segunda nota, se establece que con el cierre de los parqueos se ven perjudicados “más de 1.500 camiones en cuanto a aspectos logísticos de transporte”, además de la falta de seguridad para los vehículos y la protección de la mercancía que manejan, entre otros.

Un reclamo que evidenció el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusó a Chile de ser el primero que incumple el tratado, y advirtió que su país exigirá sus derechos. Además, acusó que el Gobierno chileno, a través de un periodista de canal 13, pretende debilitar a la administración que encabeza.

El embajador chileno en misión especial en La Haya, Gabriel Gaspar, criticó las palabras del presidente Morales y cuestionó que a su juicio el país vecino reemplace la diplomacia por las querellas.

Frente a la acusación por el periodista chileno, el diputado que integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, dijo que responde a un intento de censura, con formas dictatoriales, para que no se informe.

Este domingo Bolivia concretará la primera reunión de coordinación para enfrentar la demanda del Silala interpuesta por Chile, cita encabezada por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Hoy la embajada de Bolivia en Países Bajos recibió la notificación oficial de esta demanda, que fue cuestionada por las autoridades bolivianas, quienes aseguraron que al ser tan corta, 15 páginas, da cuenta de la carencia de argumentos, a su juicio.