Carabineros dio de baja a un uniformado que, mediante una alta planificación y burlando la seguridad de una unidad policial, robó armamento desde la Subcomisaría de Cerrillos, para su posterior comercialización.

Suele ocurrir cuando algún procedimiento policial termina en una balacera entre Carabineros y personas involucradas en un delito, que se cuestione de dónde consiguen estas armas de grueso calibre. Lo último que se podría pensar es que este armamento llegue a manos de grupos delictuales por funcionarios de Carabineros.

Así estuvo a punto de ocurrir en Cerrillos, cuando un uniformado robó armamento de guerra desde la propia subcomisaría en la que trabajaba, para después comercializarlo.

La historia demostró una alta planificación por parte del carabinero Francisco Torres, quien la madrugada del lunes acudió de franco a la subcomisaría. Luego, arribó un civil que fue a realizar una denuncia por el supuesto robo de su vehículo. Como maniobra distractiva pidió ayuda a todos los carabineros de la unidad, mientras el uniformado ingresaba a la sala de armas.

Allí -y utilizando una copia de la llave original- sustrajo dos subametralladoras Uzi con sus cargadores y cuatro pistolas Taurus, las que dejó en una mochila, para posteriormente retirarse junto a quien fue a realizar la supuesta denuncia.

Tras descubrir el robo, el jefe de la Zona Metropolitana Oeste, general Rodney Weber, informó que el carabinero Francisco Torres fue desvinculado de la institución.

Junto al funcionario policial se detuvo a otros dos civiles. Uno, quien realizó la maniobra distractiva y que luego desistió de adquirir las armas, y el otro, un segundo comprador.

La fiscal milital, Paola Jofré, confirmó la detención del Carabinero, quien reconoció su responsabilidad en el delito.

Los dos civiles fueron trasladados hasta el penal de Santiago 1, a la espera de hoy pasar al control de detención. Mientras que en el caso del uniformado, está detenido, y la Sexta Fiscalía Militar tiene un plazo legal de cinco días para someterlo a proceso.

En su contra pesa el delito de robo de armamento de guerra, que podría tener una pena que comienza de los 10 años y un día.