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Diputadas Sabat y Nogueira piden sumario tras muerte de anciano en centro del Senama

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Las diputadas Marcela Sabat (RN) y Claudia Nogueira (UDI), solicitaron a la Contraloría General de la República que inicie un sumario administrativo por violación a los derechos humanos en contra de un centro del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) tras la muerte de un adulto mayor en sus dependencias.

A juicio de las parlamentarias, en el deceso de Raúl González Figueroa de 84 años, hubo una clara vulneración de derechos por parte del centro “Cordillera de Los Andes“, ubicado en Puente Alto, ya que al momento de su fallecimiento, -producto de una falla orgánica múltiple-, González presentaba una avanzada desnutrición y una insuficiencia cardíaca.

“Hemos llegado hasta la Contraloría porque aquí claramente ha habido graves vulneraciones a los derechos humanos de nuestros adultos mayores por parte de la Senama”, dijo Nogueira, quien afirmó, lo que buscan es que “se investigue a Rubén Valenzuela, actual director del Senama y a su anterior directora, Rayen Inglés, porque hemos sido testigos del trágico fallecimiento de un adulto mayor de 84 años producto de la inanición, es decir, se murió de hambre”.

La diputada recordó que en dicho centro -que depende del Senama- “hubo graves denuncias por parte de los funcionarios y aquí falló absolutamente el control jerárquico que tenía que establecer el director del Senama o la antigua encargada y eso será materia de investigación por parte de la Contraloría”.

“La ley llama a que el Senama proteja y cobije a aquellos adultos mayores sujetos a abandono. Este requerimiento legal no ha sido cumplido, por lo tanto le pedimos a la Contraloría General de la República que investigue lo antes posible esta situación, de modo de impartir las sanciones más severas a quienes resulten responsables, porque creemos que los adultos mayores merecen la protección del Estado y en ese sentido hacemos también un llamado al Gobierno a agilizar la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores, porque creemos que con este tipo de legislación se va a dar mayor resguardo en la protección a los Derechos Humanos”.

Marcela Sabat señaló que “el Senama no puede desligarse de responsabilidades cuando los abusos tienen lugar en centros financiados y acreditados por él. Acá no se trata de girar recursos y desentenderse, sino más bien de monitorear las condiciones de vida de nuestros ancianos que recurren a ellos, víctimas del abandono o del maltrato. No puede ser que adultos mayores o niños que recurren a la protección estatal reciban un trato indigno o incluso pierdan la vida en recintos financiados por el Fisco. La protección a los más vulnerables es un imperativo moral y no puede sujetarse a la priorización de recursos del Gobierno”, puntualizó.

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