Israel anunció este miércoles el lanzamiento de un programa destinado a imponer a 40.000 migrantes en situación irregular que elijan entre su expulsión del país y la encarcelación.
Hablando al comienzo de una reunión de su gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu se congratuló por la puesta en marcha de este proyecto destinado a “hacer partir a los migrantes llegados ilegalmente”. Éstos tienen hasta fines de marzo para abandonar Israel y, si no lo hacen, serán encarcelados durante un periodo indeterminado.
Según las cifras del ministerio del Interior, unas 38.000 personas están afectadas por este programa, en su mayoría eritreos y sudaneses. Quienes acepten partir recibirán un billete de avión y casi 3.000 euros.
El gobierno israelí reconoce tácitamente que sudaneses y eritreos no pueden regresar a sus países en el marco de este programa.
El régimen eritreo está acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad “generalizados y sistemáticos”. En cuanto a Sudán, su presidente, Omar al Bashir, es objeto de órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Según organizaciones israelíes que apoyan a los migrantes, Israel ha firmado acuerdos con terceros países, en este caso Ruanda y Uganda, que acogerán a los migrantes voluntarios.
Estos migrantes entraron en su mayoría ilegalmente en Israel a través del Sinaí egipcio a partir de 2007. El flujo fue frenado con la construcción de un vallado eléctrico a lo largo de la frontera con Egipto.
Israel abrió centros de retención en el sur del país, donde casi 1.500 migrantes están sometidos a un régimen de semilibertad. Estos establecimientos cerrarán sus puertas y quienes rechacen partir serán enviados a prisión.
