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Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 10:29 · Actualizado a las 11:54

Gobierno de España busca impedir que líder independentista regrese a Cataluña de incógnito

ARCHIVO | Agence France-Presse
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El gobierno de España está trabajando activamente con los cuerpos de seguridad para impedir que el líder independentista Carles Puigdemont pueda regresar de incógnito a Cataluña para ser investido presidente de la región, indicó este martes el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Carles Puigdemont, en exilio voluntario en Bélgica desde el 30 de octubre, es candidato a presidir nuevamente Cataluña pero si vuelve a España, donde es perseguido judicialmente por rebelión y sedición, puede ser detenido y puesto en prisión preventiva, al igual que otros líderes independentistas.

Interrogado sobre la posibilidad de que atraviese la frontera española en secreto con el objetivo de llegar al parlamento catalán y ser investido, Zoido afirmó a la televisión pública TVE que “estamos trabajando para que esto no pueda ocurrir, en las fronteras y dentro de las fronteras, en todos los sitios”.

“Vamos a procurar que no pueda entrar (al parlamento catalán) ni en el maletero de un coche”, dijo el ministro, admitiendo que en el gobierno español “estamos sin duda muy preocupados, porque una persona que tiene esta conducta no se sabe lo que puede hacer”.

“Contamos con expertos en la Guardia Civil y la Policía Nacional y vamos a estar trabajando de una manera muy intensa, mañana, tarde y noche para que esto no suceda”, apuntó.

Las carreteras de entrada a España son “fáciles de controlar”, pero “la frontera a cubrir es muy extensa” y existen “muchos caminos rurales, se puede entrar con un helicóptero, con ultraligero, con barco”, concedió Zoido.

Puigdemont, llegado a Bélgica justo antes de ser imputado por rebelión y sedición por su participación en la fallida declaración de independencia en Cataluña el 27 de octubre, quiere ser investido a distancia por el parlamento regional, dominado por los independentistas.

Pero esa posibilidad es considerada antirreglamentaria por los servicios jurídicos del parlamento y la oposición en Cataluña y el gobierno de España han advertido que la recurrirán.

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