El depuesto presidente catalán, Carles Puigdemont, y 13 miembros de su gobierno independentista están citados a declarar el jueves en Madrid como sospechosos de “sedición” y “rebelión”, delitos castigados con hasta 30 años de cárcel.
La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco diputados del órgano rector de la cámara corren el riesgo de sufrir las mismas demandas.
Estos 20 independentistas podrían también ser acusados de “malversación” de fondos.
Los dos principales tribunales españoles, el Supremo y la Audiencia Nacional, ya están investigando si se cometieron estos delitos durante el “proceso” que culminó en la proclamación de la independencia del 27 de octubre.
Sedición
Son culpables de sedición quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Las penas varían de cuatro a quince años en prisión.
Dos presidentes de movimientos asociativos a favor de la independencia ya fueron encarcelados preventivamente el 16 de octubre como sospechosos de este delito.
Habían liderado una protesta durante la cual se había impedido a los guardias civiles abandonar un edificio en el que llevaban a cabo pesquisas y tres de sus vehículos fueron dañados.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional consideró que esos cargos eran “excesivos en relación al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Rebelión
Son culpables de rebelión aquellos “que se alzaren violenta y públicamente” para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
Las penas varían de 5 a 30 años en prisión.
Los militares y policías que protagonizaron el golpe de Estado abortado del 23 de febrero de 1981 fueron condenados por rebelión.
En su auto, el fiscal general del estado, José Manuel Maza, acusó a los dirigentes independentistas catalanes de haber ido alentando “un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista”.
Para este magistrado, la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados, para la consecución del fin secesionista”.
El fiscal estimó que el criterio de “violencia física” inherente al delito no es necesario.
“La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden”, argumentó.
Estas acusaciones suscitan indignación en Cataluña, donde los electores independentistas reivindican el carácter pacífico de su movilización y del plebiscito del 1 de octubre.
Por el contrario, recuerdan que las imágenes de la violencia policial dieron la vuelta al mundo.
La condición de la violencia “no se cumple de ninguna manera”, aseguró a la AFP el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas.
El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, dijo a la AFP que “el fiscal puede considerar esto, habrá que ver que piensa el juez, que tendrá que escuchar a las partes”.
El representante del Estado había presentado “disculpas” a los heridos en la intervención policial para impedir el referéndum el 1 de octubre.
