Cerca de 500 mil personas se esperan que marchen este lunes 11 de septiembre por las calles de Barcelona, capital de Cataluña, en la península ibérica. La jornada estará marcada por los llamados de las autoridades locales a participar el 1 de octubre en el referéndum independentista que busca decidir si se transforman en República o siguen siendo españoles.

La instancia fue declarada ilegal e inconstitucional por el gobierno en Madrid e incluso, en las últimas horas, se ha judicializado con las autoridades locales arriesgando 6 años de cárcel.

La Diada, como se le dice en idioma catalán, es la fecha en que recuerdan el 11 de septiembre de 1714, cuando Barcelona cayó ante las tropas militares borbonas en la llamada guerra de sucesión española. Desde 2012, la fecha se ha transformado en el hito de Cataluña para expresar su deseo histórico de independizarse del gobierno español y, por ende, de la monarquía que dirige el rey Felipe VI.

Para ello, el Parlamento -o Parlament en catalán- aprobó hace días dos controvertidos proyectos de Ley que desconocen la Constitución española y abren la puerta a un referéndum de autodeterminación para que, por medio del voto, sea la ciudadanía catalana quienes escojan si continúan formando parte de España o se independizan como República.

Proyectos que, además, incluyen una Ley que establece un tiempo determinado para salirse de España, eso si gana la opción del Sí, todo lo cual en Madrid lo han calificado de “absurdo, inconstitucional y criminal”.

Incluso las autoridades del Parlament y de la Generalitat, que administra actualmente los 948 municipios catalanes, que suman en población 7 millones 500 mil habitantes –de los 46 millones que tiene España- están desde el viernes pasado siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por delitos criminales por aprobar leyes que buscan superponerse a la Constitución.

Así lo ha dicho el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, el cual ha asegurado en más de una ocasión que el referéndum del 1 de octubre “no se desarrollará”.

Sin embargo, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado en las últimas horas que “sólo el Parlament puede inhabilitar al Govern, no hay ninguna otra instancia judicial o política que pueda hacerlo”, enfrentándose directamente al gobierno central. Agregó la máxima autoridad catalana que “es un referéndum legal porque se hará de acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlament de Catalunya, sede de la soberanía popular”.

Puigdemont ha anunciado, además, que no tendrán problemas respecto a los locales de votación: “todo a punto para que los catalanes y las catalanas puedan ir a votar el próximo 1 de octubre”, indicó.

Otra declaración que buscó hacer frente a Rajoy y la clase política madrileña. Todos los partidos de izquierda y derecha han respaldado al gobierno español, ya que existen advertencias de responsabilidades penales contra los alcaldes que presten los recintos municipales para el referéndum.

BioBioChile conversó con algunos de los 948 alcaldes de comarcas cercanas a Barcelona y que el domingo participaron en el acto institucional de La Diada, previo al 11/09 como lo conocen ellos.

El primero fue el alcalde de San Julián de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, quien aseguró que pondrá a disposición los locales de votación “porque el Parlamento de Cataluña ha dictado por mayoría absoluta de sus diputados (…) una Ley, que es la Ley del referendum, que además en su articulado pone de manifiesto que es una Ley soberana”.