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Masivas protestas en Rumanía para defender la justicia anticorrupción

Daniel Mihailescu | AFP
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Rumanía vivió este miércoles manifestaciones antigubernamentales sin precedentes desde la caída del comunismo en 1989 contra una controvertida decisión del gobierno socialdemócrata destinada a suavizar la legislación anticorrupción, que provocó preocupación en Bruselas y varias cancillerías extranjeras.

Según varios medios nacionales, entre 200.000 y 300.000 personas salieron a las calles de todo el país, la mitad de ellos en Bucarest, donde se desplegaron un millar de gendarmes. Hubo también concentraciones en grandes ciudades como Cluj, Sibiu o Timisoara y en localidades de menor talla.

En la capital, la protesta terminó con enfrentamientos. Cuando la mayoría de manifestantes ya se había dispersado, grupos aislados comenzaron a arrojar petardos, piedras y botellas contra las fuerzas del orden que respondieron lanzando gases lacrimógenos.

Con gritos de “sin violencia” y “¡así no!”, otros manifestantes intentaron interponerse. Un kiosko de prensa se prendió fuego.

“Retorno hacia atrás”

“¡Ladrones!”, “vergüenza”, “dimisión”, habían gritado los manifestantes durante cinco horas en un frío glacial, indignados ante la adopción por sorpresa, a última hora del martes, de un decreto urgente que puede proteger a políticos de acciones judiciales.

Sus detractores consideran que esta revisión penal está hecha a medida para diputados y otros representantes políticos del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD). El martes ya se habían registrado protestas improvisadas en plena noche.

El texto despenaliza varias infracciones y solo castiga el abuso de poder, un cargo frecuente en el país, con penas de cárcel si provoca un perjuicio superior a los 44.000 euros.

Debería -entre otros- permitir al líder del PSD, Liviu Dragnea, escapar al principal cargo que se le imputa en un juicio por empleos ficticios que comenzó el martes.

“Ya era hora que la gente se despertase y dejase de aceptar tantos abusos”, dijo a la agencia AFP Daniela Crangus, una informática de 31 años que manifestaba en Bucarest.

Bianca, otra joven de unos 30 años que protestaba en la capital, denunciaba por su parte un “retorno hacia atrás” en materia de lucha contra la corrupción.

El temor no solo se limitó a las protestas de los ciudadanos ya que, en una acción sin precedentes, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica publicaron el miércoles una declaración común expresando su “profunda inquietud” tras la adopción de este decreto.

También la Comisión Europea expresó su “gran preocupación” ante estos cambios, adoptados sin pasar por el parlamento.

El primer ministro respondió este miércoles asegurando en un correo que “la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno”, reafirmando su “compromiso” en la materia.

Además, pidió que se hiciera una evaluación “equilibrada” de su acción, más allá “de las reacciones de la opinión pública y en los medios”.

En este país pobre de la Unión Europea, la fiscalía anticorrupción logró en los últimos años condenar a muchos políticos y empresarios lanzando numerosas investigaciones que le valieron también críticas por su supuesto poder excesivo.

Las filas del PSD, que regularmente ha ocupado el poder desde el fin del comunismo, se vieron particularmente afectadas.

Nueva crisis política

Tras haber tenido que dejar el poder a finales de 2015 bajo la presión de la calle a raíz de un dramático incendio en una discoteca de Bucarest, el PSD se enfrenta ahora a una nueva crisis política.

Tras un año de un gobierno de tecnócratas, el partido volvió con fuerza en las legislativas de diciembre y comenzó una legislatura marcada por la tensión con el presidente de centroderecha Klaus Iohannis.

La tensión creció cuando el gobierno presentó su proyecto de reforma penal hace unos diez días.

El miércoles por la mañana, Iohannis tildó el decreto de “escandaloso” e “inaceptable” en una comparecencia ante el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

El gobierno sometió además al parlamento un proyecto de amnistía para unos 2.500 presos con penas de hasta cinco años de cárcel que podría beneficiar a varios políticos condenados.

El ejecutivo, silencioso hasta el martes por la noche, afirmó querer descongestionar las prisiones y adaptarse a una decisión del Tribunal Constitucional que en 2016 invalidó unos 60 artículos del código penal.

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