La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, será juzgada el lunes en París por una “negligencia” que originó un importante desvío de dinero público cuando era ministra de Economía.
Lagarde, de 60 años, considera haber actuado “en beneficio del Estado” francés y respetando la ley.
Su juicio se celebra ante una jurisdicción excepcional, creada con el propósito de juzgar a los ministros y exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Hasta el momento, esa corte condenó a tres miembros del Gobierno francés, pero es la primera vez que juzga a una responsable de una gran organización internacional.
Lagarde, que fue reconducida este año al frente del FMI, indicó que tomaría una baja en la institución durante el juicio, en el que se enfrenta a una posible condena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Se acusa a la directora del FMI, ministra de Economía entre 2007 y 2011, de “negligencia” al gestionar un caso que implicaba al empresario y exministro socialista Bernard Tapie.
Este último consideraba haber sido estafado por el banco público Crédit Lyonnais durante la venta de la marca deportiva Adidas en 1994.
Para poner fin al contencioso judicial iniciado por Tapie contra la entidad, el ministerio de Economía eligió en 2007, en contra del criterio de un órgano consultivo, recurrir a un arbitraje privado.
En 2008, los árbitros le conceden a Tapie una indemnización de más de 404 millones de euros, sacada de fondos públicos.
En julio del mismo año, Lagarde rechaza presentar un recurso contra esa decisión.
La justicia civil anuló esa sentencia arbitral a principios de 2015, al considerar que en ella se produjo un fraude, y Tapie fue condenado a devolver los 404 millones de euros.
“Negligencia y precipitación”
La justicia francesa reprocha a Lagarde su “negligencia y precipitación” en este caso, que “privaron al Estado de una oportunidad de evitar que esos fondos fueran desviados”.
En su descargo, se alega que el recurso al arbitraje se había preparado antes de su llegada al Gobierno y que no tenía “relaciones personales” con los actores del caso.
De hecho, Lagarde no intervino en la elección, muy controvertida, de los árbitros.
Los investigadores sospechan que se produjo un “simulacro” en beneficio de Tapie, cuyo abogado estaba vinculado a uno de los árbitros.
Este apartado es objeto de otros procedimientos penales, en los que seis personas fueron inculpadas por “fraude”, incluido Stéphane Richard, el exdirector de gabinete de Lagarde y actual presidente del grupo de telecomunicaciones Orange.
Según fuentes conocedoras del caso, la justicia francesa quiere interrogar a ocho testigos, incluidos los exministros derechistas Jean-Louis Borloo y Thierry Breton, así como exconsejeros del presidente Nicolas Sarkozy, que dirigió Francia entre 2007 y 2012.
