El fiscal superior de Cataluña presentó este miércoles una querella por desobediencia grave y prevaricación contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por permitir la aprobación de una hoja de ruta independentista suspendida por el Tribunal Constitucional español.
Los hechos investigados se produjeron el pasado 27 de julio, cuando los diputados independentistas del parlamento catalán (72 sobre 135) aprobaron una resolución definiendo los pasos a seguir hasta obtener la secesión de esta rica región nororiental de España.
El Tribunal Constitucional había advertido días antes de la ilegalidad de tramitar este texto que, para los magistrados, suponía el despliegue de otra resolución anulada meses antes en las que los independentistas anunciaban el inicio de su proceso de secesión.
Aun así, y pese a las críticas de la oposición, la presidenta de la cámara “tomó a sabiendas, con pleno conocimiento del contenido de dichas resoluciones, la decisión de llevar” el texto al pleno del parlamento, señala el fiscal en su querella.
En ella, acusa a Forcadell de manifestar “una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución española de 1978”.
El Tribunal Superior de Justicia de la región debe decidir en los próximos días si admite a trámite la querella.
Forcadell, un referente del independentismo por ser la organizadora de las masivas manifestaciones de los últimos años, se enfrenta al mismo proceso que el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016).
Éste y dos miembros de su gobierno deben ser juzgados por “desobediencia grave” por organizar en 2014 una consulta simbólica sobre la independencia que también había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El actual presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró en repetidas ocasiones que la justicia no podrá detener el proceso independentista lanzado por su gobierno para declarar la secesión antes de 2018.
Su plan pasa por preparar antes de mediados de 2017 la administración regional para asumir las competencias de un Estado y aprobar un paquete legislativo para desvincularse jurídicamente del resto de España.
El último paso sería la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en septiembre de 2017 ya sea con acuerdo o no con las instituciones españolas, a las que compete la organización de plebiscitos.
