Una parte de la saga judicial, sobre el decreto antiimigración que Donald Trump firmó, en enero se terminó: el gobierno aceptó ayudar a las personas que fueron prohibidas de ingresar al país a raíz de esa medida y les dejará volver a solicitar visa.
La decisión, publicada este jueves por el tribunal federal de Brooklyn, pone fin a una de las varias demandas en contra de la medida por parte de poderosas asociaciones defensoras de las libertades en Estados Unidos.
En el marco de un acuerdo entre el gobierno y asociaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), las autoridades se comprometieron a autorizar a las personas perjudicadas por el decreto de enero a hacer nuevas solicitudes de visa y a facilitarles información sobre organismos que pueden ayudarlos en esta tarea.
Ambas partes aceptaron poner fin a una demanda que planteó la ACLU al día siguiente que Trump firmara el decreto, el 27 de enero.
ACLU inició la demanda a nombre de ciudadanos iraquíes que fueron detenidos en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York como consecuencia del decreto presidencial, que luego fue suspendido.
El gobierno “finalmente acordó hacer lo correcto e informar” a los perjudicados por el decreto, de denunciado carácter antimusulmán, “sobre su derecho a venir a Estados Unidos”, dijo Lee Gelernt, un abogado de ACLU involucrado en el caso.
El decreto original prohibía el ingreso a Estados Unidos por tres meses a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y por cuatro meses a refugiados.
La medida causó que cientos de migrantes de esas naciones fueran detenidos en los aeropuertos, desatando protestas en varias ciudades del país.
El decreto fue demandado por varias organizaciones en diferentes estados y fue suspendido el 3 de febrero. El gobierno de Trump lanzó una versión revisada de la medida y prohibió el ingreso a ciudadanos de seis países musulmanes, aunque aquellos que tenían visa y la residencia quedaban exentos.
Aunque esa nueva medida fue suspendida por jueces, la Corte Suprema falló en junio que el gobierno podía proceder con la prohibición migratoria, aunque excluía a las personas con “una relación de buena fe” con un ciudadano o institución estadounidense.
