Estados Unidos y México acordaron este miércoles que la justicia italiana debe primero atender la solicitud estadounidense para extraditar a Tomás Yarrington, un exgobernador mexicano capturado en Florencia acusado de nexos con el narcotráfico.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y su contraparte mexicana, Raúl Cervantes Andrade, señalaron en una declaración conjunta que acordaron solicitar a Italia que “otorgue precedencia” a la solicitud estadounidense para extraditar a Yarrington y autorice su posterior “reextradición” a México.
Los dos fiscales dijeron que a la conclusión de su juicio en Estados Unidos “Yarrington será cedido a México de manera temporal para que pueda ser presentado ante la justicia”, según un comunicado del Departamento estadounidense de Justicia.
México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición.
Ambos países lo buscan por presuntos nexos con narcotraficantes durante el período 1999-2005, cuando fue gobernador de Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos donde actúan poderosos cárteles de las drogas.
Yarrington, de 60 años, fue detenido el 9 de abril en Italia en respuesta a dos fichas rojas de Interpol, una presentada por México en diciembre de 2012 y otra por Estados Unidos en marzo de 2016.
Los dos gobiernos decidieron darle prioridad a las acusaciones contra Yarrington en Estados Unidos luego de “un análisis cuidadoso de la evidencia y las posibles penas por los cargos” en cada país, según la nota.
En México es acusado de delitos contra la salud con una posible pena de 20 años de cárcel y Estados Unidos lo señala por tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, que podrían valerle dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.
Según el acuerdo entre Sessions y Cervantes, los dos países se comprometieron a intercambiar información y a colaborar con sus respectivas fiscalías en las acusaciones contra Yarrington.
Yarrington ingresó a Italia con documentos falsos, sin pasar por Estados Unidos y desde un país europeo no precisado, explicó tras su arresto Alberto Elías Beltrán, subprocurador de asuntos internacionales de la fiscalía general mexicana.
El político había sido expulsado en diciembre del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) al tiempo que la fiscalía ofrecía una recompensa de unos 15 millones de pesos (800.000 dólares al cambio actual) por su captura.
