Organismos federales y estatales estadounidenses bloquearon el sábado la aplicación del decreto migratorio de Donald Trump contra los nacionales de siete países musulmanes, aplicando una decisión judicial que el presidente calificó de “ridícula”.
El juez federal de Seattle, James Robart, emitió en la noche del viernes una resolución aplicable en el conjunto del territorio estadounidense mientras examina una demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington.
Como consecuencia inmediata de ese fallo la administración Trump se vio obligada a reabrir, al menos por un tiempo, las puertas del país a las personas originarias de los países afectados por el decreto del gobierno.
“La opinión de este presunto juez, que en definitiva priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida”, advirtió el nuevo presidente estadounidense en una serie de tuits que envió en la mañana del sábado.
“Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas”, señaló en un segundo tuit.
En un tercer mensaje a través de la red social que se ha convertido en su principal medio de comunicación, Trump estimó “interesante que algunos países de Medio Oriente” estén de acuerdo con su decreto. “!Saben que si algunas personas son admitidas (en Estados Unidos) habrá muerte y destrucción!”, escribió.
Pero la Casa Blanca no se da por vencida y pretende aplicar el decreto a pesar de todas las críticas que ha recibido incluso desde el oficialista Partido Republicano.
El sábado el portavoz del Departamento de Seguridad Interior dijo a la AFP que el Departamento de Justicia activará “lo antes posible un recurso de urgencia para defender el decreto”.
El Ejecutivo ya había anunciado anteriormente que operaría en ese sentido, según un comunicado difundido en la noche del viernes en el que se calificaba de “escandalosa” la decisión del juez Robart, un adjetivo luego retirado.
La demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, estimaba que el decreto gubernamental viola los derechos constitucionales de los inmigrantes al tomar como blanco específicamente a los musulmanes.
“Nadie está por encima de las leyes, ni siquiera el presidente”, comentó satisfecho Bob Ferguson tras conocerse la resolución del juez de Seattle, designado por el expresidente republicano George W. Bush.
El fin de semana pasado el decreto había llevado a la detención en los aeropuertos de 109 extranjeros que residían legalmente en el país, según la Casa Blanca, mientras a otros centenares se les impedía embarcar hacia Estados Unidos.
Una semana después de promulgada la orden ejecutiva, las reacciones no cesan en el mundo entero, como lo evidencia una manifestación que se desarrollaba este sábado en Londres con participación de miles de personas.
