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Congreso de EEUU autoriza a Puerto Rico a reestructurar su deuda

Peter Dutton (CC)
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El Congreso de Estados Unidos autorizó el miércoles a Puerto Rico a reestructurar su deuda de 70.000 millones de dólares, dos días antes de que se cumpliera un vencimiento de pagos crucial para la isla.

La norma debe ir ahora al despacho del presidente Barack Obama para que la promulgue.

Bajo la ley adoptada por el Senado con una votación de 68 a 30 -el proyecto ya había sido aprobado por la Cámara baja-, Puerto Rico podrá renegociar su deuda sin riesgo de que sus acreedores puedan emprender acciones legales.

Como contrapartida, el territorio, cuya deuda llega a unos 70.000 millones de dólares, estará bajo la tutela financiera de Estados Unidos, país del que es estado libre asociado.

Este proyecto bipartito fue adoptado en momentos en que se acercaba un vencimiento de 2.000 millones de dólares de la deuda de Puerto Rico que hubiera significado un cese de pagos.

Los legisladores pasaron semanas debatiendo cómo elaborar un paquete que ayudara a este territorio estadounidense, en recesión desde hace más de una década, y lograron ponerse de acuerdo antes del receso de actividades por el feriado del 4 de julio.

“Esta ley no es perfecta pero es un primer paso crucial hacia una recuperación económica y da nuevamente esperanza a millones de estadounidenses originarios de Puerto Rico”, expresó Obama en un comunicado sobre la ley.

El presidente demócrata había urgido a los legisladores a aprobar una ley para enfrentar la crisis económica de Puerto Rico.

Otrora próspera, la isla de 3,5 millones de habitantes comenzó su declive económico en 2006 con el fin de las exoneraciones fiscales masivas, que habían atraído grandes multinacionales y fomentado el crecimiento.

Desde entonces, la recesión económica y la caída de los ingresos hicieron crecer la deuda de la isla.

Compromiso republicano-demócrata

El pasado 2 de mayo, Puerto Rico dejó de pagar 367 millones de dólares en obligaciones, parte de su descomunal deuda de 70.000 millones de dólares.

Por ser un estado libre asociado y no un estado de la unión estadounidense, Puerto Rico fue excluido en 1984 del capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, por lo que carece de autonomía para reestructurar su deuda.

Para hacer frente a obligaciones futuras, la ley pone en marcha un comité de supervisión que negociará con los acreedores.

Los promotores de la ley, entre ellos el republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, insistieron en el hecho de que ninguna asistencia financiera federal será dada a la isla.

Esta disposición “protege a los contribuyentes estadounidenses de un rescate financiero del territorio”, aseguró Ryan, que hizo un intenso lobby para aprobar la legislación.

Aunque la ley es vista como un impresionante compromiso conjunto entre republicanos y demócratas en un año de elección presidencial, muchos de los que votaron la ley tienen reservas.

“Si los demócratas hubieran escrito esta ley, sería muy diferente de lo que estamos votando hoy”, dijo el senador demócrata Harry Reid.

“Pero no actuar hoy para dar a Puerto Rico alivio de la deuda y protección ante acciones legales de los acreedores tendría consecuencias nefastas y solo agravaría la crisis”, agregó.

El senador Bernie Sanders, que perdió las primarias demócratas ante Hillary Clinton, criticó la ley porque impone restricciones de estilo “colonial” a la isla, incluyendo un comité especial con amplios poderes.

La senadora Elizabeth Warren, que votó en contra, advirtió sobre la “austeridad” adicional para los puertorriqueños, que incluiría reducciones del salario mínimo y de horas extras.

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