El presidente nicaragüense Daniel Ortega, un líder de la revolución de 1979 que levantó la bandera de los oprimidos, ha gobernado su país de la mano de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, con un poder casi absoluto que ha sido desafiado por una nueva generación de jóvenes.

Él, un exguerrillero de 72 años admirador del Che Guevara; ella una poetisa excéntrica de 66 años -ataviada de pulseras y pañuelos- que se ha convertido en el poder detrás del trono.

Estudiantes universitarios tomaron las calles en varias ciudades de Nicaragua desde el 18 de abril, con protestas que pusieron en entredicho el histórico control de las movilizaciones sociales que han tenido Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) los últimos 40 años.

Paradójicamente, Ortega desde la oposición (1990-2006) impulsó jornadas violentas de protesta con los sindicatos sandinistas para repudiar medidas económicas y arrancar concesiones a los gobiernos de turno.

“Conspiración de la derecha” ha proclamado sobre las protestas el mandatario, quien, junto a Murillo, encabeza un gobierno que ambos definen como “cristiano, socialista y solidario”.

Vida revolucionaria

Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en el pueblo minero de La Libertad (centro) en el seno de una familia católica, y de joven abandonó la universidad para integrarse a la lucha contra la dinastía de los Somoza.

Gobernó por primera vez al frente de la Revolución Sandinista que derrocó al régimen somocista en 1979 con apoyo de Cuba y la Unión Soviética, en medio de una guerra contra la guerrilla de los “contras” apoyadas por Estados Unidos, un conflicto que dejó unos 35.000 muertos hasta 1990.

El exguerrillero marxista, tras perder las elecciones de 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro, se despojó del uniforme verde olivo y adoptó la indumentaria de paisano como líder de la oposición.

Tras su retorno al poder en 2007 se alió al empresariado, con el que ha cogobernado los últimos 11 años, en un modelo que llama de “diálogo y consenso”, aunque ha excluido a otros sectores.

Tras reelegirse en 2011, gracias a una maniobra legal, Ortega ha dejado el poder prácticamente en manos de Murillo, su portavoz oficial y a quien convirtió en su vicepresidenta en las elecciones de 2016.

Los dos mantienen control férreo sobre todas las instituciones del Estado: el Ejército, la Policía, el Congreso y el tribunal electoral.

Principios olvidados

Sus excompañeros de partido le acusan de desvirtuar los ideales del sandinismo, de ejercer el poder de forma autoritaria y de nepotismo, al compartir el poder con su esposa mientras sus hijos son dueños o dirigen medios de comunicación oficialistas y algunos ocupan cargos públicos.

“En la década de los años 80, Ortega era parte de un proyecto de cambio revolucionario, ahora es un capitalista enamorado del poder, dedicado a acrecentar sus privilegios, sus fortunas y los de su clase”, comentó a AFP la exguerrillera Mónica Baltodano, quien renunció al FSLN en el 2000.

“Antes el poder era para la gente, hoy es para su familia y sus allegados. Defiende ese poder con los mismos instrumentos de la dictadura somocista: pactos con la oposición, lo más reaccionario de las jerarquías eclesiásticas y el gran capital”, criticó Baltodano.

Dedicada a escribir las memorias de la gesta revolucionaria, Baltodano mencionó que Ortega “miente, descaradamente: grita contra el neoliberalismo y defiende sus políticas neoliberales masacrando a los jóvenes”.

El mandatario es el máximo líder del FSLN al que se integró en 1963, y sus allegados lo describen como un hombre pragmático y un hábil político, cercano a los líderes de la izquierda latinoamericana como Nicolás Maduro, Raúl Castro y Evo Morales.

Poder compartido

Pero su imagen se deterioro tras las acusaciones de abuso sexual que le hizo en 1998 su hijastra Zoila América, actualmente exiliada en Costa Rica tras acusar a su madre (Murillo) de perseguirla políticamente.

La cara pública del gobierno es Murillo, madre de nueve hijos, seis de ellos de Ortega, y a quien personas allegadas le reconocen una gran capacidad de trabajo.

Ortega también tiene un hijo de una relación previa.

La vicepresidenta nació el 22 de julio de 1951 en Managua, donde se formó como educadora en la Universidad Autónoma de Managua.

En su juventud integró un movimiento llamado Gradas, de artistas y poetas opuestos a la dictadura, antes de sumarse de lleno al FSLN en 1969, donde conoció a Ortega.

La poetisa Gioconda Belli, quien fue su amiga en los años de lucha contra Somoza, la describe como “superticiosa”, encantadora y compleja.

Ella regaña a los funcionarios públicamente en sus alocuciones diarias, en las que informa del clima, sismos, erupciones volcánicas, el santoral del día y festividades religiosas en todo el país.

Tras el estallido de las protestas hace cinco días, Murillo se encargó de dar la cara por el gobierno en un principio, hasta que Ortega hizo el sábado pasado su primer pronunciamiento público.

Estallido de las protestas

La reforma al sistema de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue firmada el 16 de abril y publicada en La Gaceta (diario oficial) dos días después, ese mismo día estallaron las protestas.

“Son medidas sumamente importantes para asegurar la confianza, la estabilidad y bienestar” del país, afirmó la vicepresidenta y portavoz oficial, Rosario Murillo, al justificar la medida el día de su firma.

Las medidas buscan “mejorar el balance financiero del sistema de pensiones” para enfrentar un déficit de más de 76 millones de dólares, explicó el INSS.

La reforma habría aumentado de 19% a 21% el aporte patronal al régimen de seguridad integral, que abarca invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad.

Posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020.

Las cotizaciones de los trabajadores se habrían incrementado de 6,25% a 7% sobre el salario mensual, mientras que la cuota del Estado aumentaba de 0,25% a 1,25%.

El INSS también debía deducir a los jubilados 5% de su pensión para cubrir su atención médica.

La vicepresidenta dijo que la edad de jubilación se mantendría en 60 años, y en 750 las semanas de cotización.

Fuente de corrupción

Según los estudiantes que iniciaron las manifestaciones el 18 de abril pasado, el INSS ha sido saqueado por el gobierno del presidente Ortega, que lo ha usado para financiar todo tipo de gastos, incluso personales.

“Antes de Ortega el INSS operaba con superávit, hoy estamos con déficit“, comentó el estudiante Clifford Ramírez, de la Universidad Tomás Moro, que participó desde el inicio de las protestas.

Datos oficiales indican que el instituto mantenía hasta 2007 un superávit de más de 32,6 millones de dólares al cambio actual, cifra que se convirtió en un déficit de más de 76 millones de dólares a la fecha.

“Ese dinero se ha desviado en corrupción, han financiado fiestas, viajes y hoy día el seguro no tiene capacidad ni de comprar medicamentos”, reclamó Ramírez.

A su juicio, la reforma busca que la población contribuya a “recuperar el dinero desviado”.

Marcha atrás

Frente a la oposición general que despertó la reforma, el presidente Daniel Ortega anunció el domingo pasado que la medida había sido revocada por una resolución de la directiva del INSS.

“Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando (…) la resolución anterior del 16 de abril, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta”, dijo Ortega al anunciar la decisión.

El mandatario adelantó que convocaría a una mesa de diálogo con participación del arzobispo Leopoldo Brenes para elaborar una nueva propuesta de reforma del INSS.