Después de casi seis décadas, Cuba inició una nueva era: el octogenario general Raúl Castro entregó la presidencia a Miguel Díaz-Canel, un civil casi 30 años menor comprometido a dar continuidad al legado de sus antecesores.
En su primer discurso como gobernante ante la Asamblea Nacional, aseguró que Cuba seguirá siendo “verdeolivo”, apoyándose en los dirigentes históricos y que tendrá en Raúl como guía, en una señal hacia el ala dura revolucionaria, más reacia a sacrificar el legado socialista bajo la espada de las reformas.
“El mandato dado por el pueblo a esta legislatura es dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial, que estará marcado por todo lo que debemos avanzar en la actualización del modelo económico”, dijo.
Para el nuevo presidente, su antecesor Raúl Castro, quien permanece como líder del gobernante Partido Comunista, “encabezara las decisiones de mayor trascendencia”.
El cambio de mando fue sencillo, sin pompas, pero muy aplaudido. Raúl Castro dejó su asiento en la mesa principal del Palacio de las Convenciones de La Habana, el que fue inmediatamente ocupado por Díaz-Canel. Al lado permaneció la silla vacía de Fidel Castro, fallecido en 2016.
El nuevo presidente tendrá que mantener el equilibrio entre la reforma y el respeto a los principios revolucionarios, pero deberá esforzarse por actualizar el modelo económico, un proyecto iniciado por Raúl Castro.
A nivel diplomático, deberá lidiar con el retorno de Washington al lenguaje de la confrontación y el recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos le aplica desde 1962. Este endureció con la llegada de Donald Trump al poder, quien dio marcha atrás al acercamiento de finales de 2014.
Para Díaz-Canel, con la continuidad de la revolución “será como enfrentaremos las amenazas del poderoso vecino imperialista, aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha”.
En el plano económico, la tarea más urgente es la unificación de las dos monedas nacionales que circulan en el mercado, además de la eliminación de tasas de cambio preferenciales para empresas estatales -que son la mayoría en la isla-, situación que genera distorsiones en una economía.
