Internacional
Viernes 13 abril de 2018 | Publicado a las 12:58 · Actualizado a las 15:14
Expira ultim√°tum del gobierno de Ecuador a captores de periodistas
Publicado por: Diego Vera La información es de: Agence France-Presse
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Poco antes de las 13:00 (hora de Chile) expiró el plazo dado por el gobierno de Lenín Moreno a los captores del equipo de prensa de diario El Comercio de Ecuador, que fue secuestrado por un grupo narcotraficante en la frontera con Colombia.

Ecuador prometi√≥ una “acci√≥n contundente” contra los secuestradores, un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, si al t√©rmino del plazo no entregaban una prueba de vida de los rehenes.

‚ÄúDoy un plazo de 12 horas a estos narcos, para que entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas‚ÄĚ, se√Īal√≥ Moreno la noche del jueves en un comunicado de prensa, insistiendo que cumplido el plazo tomar√°n medidas dr√°sticas.

Si vencido el plazo no dan “pruebas de que est√°n con vida (…) iremos con toda la contundencia y sin contemplaciones” a “sancionar” a los captores, anticip√≥ Moreno, tras regresar de urgencia desde Lima, donde se encontraba para la Cumbre de las Am√©ricas.

El periodista Javier Ortega (32 a√Īos), el fot√≥grafo Pa√ļl Rivas (45) y el conductor Efra√≠n Segarra (60), del diario quite√Īo El Comercio, fueron secuestrados el 26 de marzo en la frontera con Colombia por parte de rebeldes disidentes de la exguerrilla de las FARC.

La posible ejecución en cautiverio de los rehenes tomó fuerza luego de que las autoridades recibieran el jueves del canal colombiano RCN unas fotografías de unos presuntos cadáveres que corresponderían a ellos. Tras analizarlas, las autoridades ecuatorianas determinaron que no podían confirmar su autenticidad en ese momento.

El gobierno ecuatoriano anunci√≥ esta ma√Īana que el presidente se encuentra reunido con las familias de las v√≠ctimas y que hablar√° esta tarde.

“No acciones militares”

Dos ONG que defienden la libertad de prensa advirtieron a las autoridades de ambos pa√≠ses que, sin una confirmaci√≥n de la muerte de los periodistas, “iniciar una acci√≥n militar va en contra de las medidas cautelares” dictadas por la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese ente de la Organizaci√≥n de los Estados Americanos (OEA) pidi√≥ el jueves a Bogot√° y Quito que “adopten las medidas necesarias para salvaguardar” al equipo period√≠stico.

Los reporteros cayeron en poder de rebeldes disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaban trabajo periodístico en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.

Durante la ma√Īana se segu√≠an sucediendo manifestaciones de dolor en Quito y las principales ciudades del pa√≠s. Frente a la casa presidencial, en el centro de la capital, decenas de periodistas, familiares y ciudadanos permanecen concentrados en una vigilia a la espera del fin del plazo dado por Moreno.

La √ļltima vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabaci√≥n filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparec√≠an los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban a Moreno a llegar a un acuerdo con los captores.

En los 19 días de desaparición, la información ha llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos.

Paz rota

De confirmarse, el asesinato de los tres ecuatorianos supondría un golpe durísimo para Ecuador, un país que no había lidiado nunca con un secuestro de estas características y se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.

Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.

Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.

Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.

El secuestro del equipo de El Comercio es el episodio más dramático de la oleada de violencia -hasta ahora desconocida- en Ecuador, que estalló en enero en la convulsa frontera.

Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que dejan cuatro muertos y 42 heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.

Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.

Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.

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