La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, podría enfrentar un nuevo caso judicial por corrupción, tras ser acusada de que Aerolíneas Argentinas -propiedad del Estado- contratara hoteles de la familia de la exmandataria para alojar la tripulación.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, presentaron ante el juez Julián Ercolini, la solicitud para indagar a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, consigna diario La Nación de Argentina.

De acuerdo al citado medio, Aerolíneas Argentinas habría pagado por el arriendo de 26.000 noches en habitaciones del Hotel Alto Calafate, cancelando unos 16 millones de la moneda trasandina, sin que se haya seguido el mecanismo contemplado por la legislación para este tipo de trato.

La acusación de los fiscales no sólo contempla a Fernández, sino a varios de sus colaboradores cercanos durante sus dos gobiernos, como los exministros Julio Alak y Axel Kicillof, el exgerente de la aerolínea, Mariano Recalde, además del polémico empresario Lázaro Baéz, quien también ejerció como administrador del Alto Calafate.

De acuerdo a los persecutores, la maniobra no sólo buscaba incrementar el patrimonio de la familia Kirchner, sino que también mostrar que el hotel tenía una constante ocupación, para llevar a cabo maniobras de lavado de dinero.

“Ya que los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados”, señala la presentación de la causa.

“La contratación del Hotel Alto Calafate constituía una decisión que provenía desde la cúspide del PEN ( Poder Ejecutivo Nacional) y que atravesaba verticalmente la estructura administrativa de Aerolíneas Argentinas -comandada por Alak y Recalde- que incluso dieron la orden de contratar y mantener la contratación del hotel de quien los había nombrado en el cargo y quien ejercía los derechos como accionista de la empresa”, sostiene el informe de los fiscales.

Fernánez enfrenta una serie de causas por corrupción, además de otra por el posible encubrimiento de los responsables iraníes en el atentado contra la AMIA en 1994. Por esta última causa pesa una orden de arresto en su contra, la cual no ha sido ejecutada debido a su fuero como senadora.