Un juez guatemalteco ordenó este jueves abrir proceso penal por sospechas de corrupción en un proyecto de transporte público contra el detenido expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y la mayoría de su gabinete, entre ellos un exministro, alto funcionario de Oxfam.
José Eduardo Cojulún, titular del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, decidió en una audiencia abrir el proceso contra Colom y sus exfuncionarios al haber encontrado elementos para que sean investigados por supuestas anomalías en el sistema prepago para el servicio TransUrbano por 35 millones de dólares.
“Sí existen indicios” para el auto de procesamiento contra los sindicados vinculados a aprobar un acuerdo de gobierno que fue el “trampolín y soporte legal” para hacer el desembolso de los recursos, señaló el juzgador.
Además de Colom y el exministro de finanzas Juan Alberto Fuentes, presidente de la junta de supervisores de Oxfam Internacional, los involucrados son Salvador Gándara (Interior), Ana Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Rodríguez (Trabajo), Erasmo Velásquez (Economía), Celso Cerezo (Salud), Jerónimo Lancerio (Cultura), Luis Ferraté (Ambiente), Alfredo Pokus (Energía), Mario Aldana (Agricultura) y Gustavo Alejos (secretario privado).
Cojulún decidió que todos deben enfrentar el proceso por fraude pero añadió el delito de peculado a Colom y Fuentes por tener “conocimiento directo” de la aprobación del acuerdo.
A Alejos, un empresario señalado en otros casos de corrupción, también se le incluyó el delito de lavado de dinero.
La fiscalía presentó la acusación en enero pasado en el momento de la captura de Colom, de 66 años, y de casi todo su equipo gubernamental. Tras avanzar en las investigaciones se espera que Cojulún decida si se eleva el caso a juicio.
La víspera el exministro de Agricultura Aldana se presentó voluntariamente a los tribunales al pesar una orden de captura en su contra y de momento siguen prófugos el extitular de Comunicaciones Luis Alejos y el empresario Luis Gómez.
La fiscal general, Thelma Aldana, señaló que los exfuncionarios se “saltaron” varios procedimientos y estudios legales para favorecer a los empresarios de transporte agrupados en una asociación para “engañar a la administración pública”.
Las investigaciones destacaron que de los US$35 millones, US$13,3 millones fueron usados para la compra de máquinas para el sistema prepago que están en bodegas sin utilizarse.
Además, US$5,7 millones se destinaron a “gastos no compatibles” con el proyecto y 1,2 millones cayeron en manos privadas en Guatemala luego de transacciones internacionales. El resto del dinero “se gastó sin acreditar el destino”, por lo que continúan las pesquisas.
