Venezuela tasó este miércoles en 60 dólares el valor inicial de su criptomoneda, el Petro, lanzada por el gobierno ante los graves problemas de liquidez que llevaron a que el país fuera declarado en default parcial.

Una preventa de $38,4 millones de unidades tendrá lugar entre el 20 de febrero y el 19 de marzo, sobre una emisión total de 100 millones, señala el denominado ‘White Paper’ (libro blanco) del Petro, presentado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, y el Banco Central.

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Según informó la Agence France-Presse, el documento fija en 60 dólares el “precio de venta de referencia” del Petro, equivalente a la cotización del barril de crudo venezolano -cuyas reservas respaldarán la moneda- a mediados de enero.

Sin embargo, aclara que estará “sujeto a cambio según (las) fluctuaciones del mercado” petrolero.

La normativa plantea “descuentos” como incentivo para los inversionistas, sin precisar montos.

El cerco financiero

Roa señaló ante la prensa que la criptomoneda permitirá “romper con el cerco financiero” de las sanciones de Estados Unidos, que prohíben transar nueva deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA, también declarada en default parcial por pagos atrasados de títulos valores.

Pero analistas, como el experto en monedas virtuales Jean Paul Leidenz consideran que las distorsiones de la economía venezolana, con alto gasto público e hiperinflación (proyectada en 13.000% por el Fondo Monetario Internacional para el 2018), erosionan las posibilidades de éxito de la iniciativa.

Criptomonedas como el bitcoin o el ethereum están descentralizadas. No se emiten por bancos centrales, sino que se crean (o “minan”) de manera virtual mediante el registro compartido de transacciones, una tecnología conocida como “blockchain”.

En cambio, el Petro estará regulado por el Banco Central de Venezuela. Según el ‘White Paper’ funcionará sobre un “blockchain” de ethereum, pero podrá migrar a uno propio.

Leidenz dijo a la AFP que ello genera “incertidumbre” porque la migración traería “un cambio en las reglas de juego”, fijadas por un Estado cuya política económica genera desconfianza, más allá de que posea las mayores reservas de crudo del planeta.

Además, añade, “tampoco hay pistas” sobre cómo los inversionistas podrán liquidar sus posiciones o “ejercer derechos sobre el activo de respaldo, en este caso el petróleo”.